La actual Asamblea Nacional de Diputados ha tratado de colar toda clase beneficios para sus miembros salientes, lo que ha provocado el disgusto de gran parte de la opinión pública.
Primero fue el intento de cobrar dos meses sin trabajar, alegando que al reformar la Carta Magna, se aplicó un recorte del mandato por el que fueron electos. La presión de la sociedad los obligó a recular.
Luego vino la propuesta para dotar de cinco escoltas a los expresidentes del Organo Legislativo, lo que representaría un desembolso anual de 750 mil balboas al Tesoro Nacional.
Sin duda que ese tipo de beneficios constituye un abuso de los políticos panameños, que luego se preguntan porqué son rechazados al momento de una elección.
El Ejecutivo debe vetar ese artículo del nuevo Reglamento Interno y de no hacerlo, la nueva Asamblea que se instale el 1 de julio debe derogarlo, de lo contrario mandarán el mensaje de que serán más de lo mismo.
Ya se escucha un rosario de promesas en torno al futuro funcionamiento de la nueva Asamblea. Se anuncian recortes al presupuesto, reducción de contratos y un mayor control sobre los autos exonerados que pueden adquirir los diputados, pero ya otros años se han anunciado medidas similares y nunca se concretan.
La única forma que el Organo Legislativo pueda recuperar poco a poco su imagen es con un trabajo eficiente, que cumpla su labor de fiscalización, que se reduzca sus beneficios, que los diputados asistan a las sesiones y el que no lo hace que le recorten el salario.
Ya por décadas hemos escuchado promesas; lo que se espera ahora es que se ejecuten esas acciones.