La indignación de la familia de los pescadores Rigoberto y Dagoberto Pérez, acribillados a tiros en la lancha "Niña Evi" el 19 de mayo de 2009 por miembros de la Policía Nacional, los ha unido para apoyar una demanda de inconstitucionalidad contra los uniformados vinculados al doble homicidio, quienes fueron indultados.
Marcos Ábrego, padre de uno de los sobrevivientes, le pidió al presidente Ricardo Martinelli que otorgó el beneficio a unos 14 policías vinculados a casos de homicidio agravado, que "rectifique su error".
"Si se lo hubiesen hecho a un familiar de él, no le hubiese gustado. Rectifique su error", dijo el humilde campesino de Playa Leona, quien exige justicia para los jóvenes Pérez.
La madre de los hermanos dijo que le parece muy raro que uno de los sindicados por el doble homicidio haya quedado detenido y no se le dio el indulto, al ser la persona que no disparó el arma de fuego. "Yo quiero que se pague por esto y vayan a la cárcel a donde tienen que estar", sentenció Evidelia Rivera.
INCONSTITUCIONALIDAD
Rosibel Vergara, abogada de la familia Pérez y Ábrego, denunció la inconstitucionalidad del indulto promulgado por Martinelli y el ministro José Raúl Mulino y no descartó llevar ese caso ante las instancias internacionales.
"No fueron a unos perros los que mataron. Hay que investigar si esos policías estaban en cumplimiento del deber. No puede ser que le den indultos especialmente a miembros de la Policía que en todo momento han sido señalados, pero que no han sido penalizados", sostuvo Vergara.
Al grupo de familiares de los pescadores se unió Luis Urriola, padre de Clarissa Marbellis Urriola, que recibió un tiro en la cabeza a mano de investigadores policiales en Villalobos, Pedregal, en septiembre de 2009.
Urriola criticó que el fiscal Tercero Superior, Víctor Barrios, donde se desarrolla la investigación, no lo ha recibido en su despacho.
Ayer, jueves, abogados de la Policía Nacional llegaron a la fiscalía para solicitar el levantamiento de las medidas cautelares de detención preventiva y se ordenara la libertad de los policías investigados por el Ministerio Público.
En el caso de Clarissa Urriola son investigados: Miguel Oriel Ortega Rodríguez, Ricardo Risco Valle, Jorge Antonio Atencio y César Herrera.
