Las autoridades del Ministerio de Salud se muestran preocupadas porque más del 80% de los acueductos rurales no están legalizados lo que limita la acción de apoyo técnico y administrativo de estos sistemas que dotan de agua a las poblaciones.
En la provincia de Chiriquí, funcionan 483 acueductos rurales, pero solo 53 tienen personería jurídica y -de éstos- 30 han legalizado la propiedad del terreno que ocupan.
Esta situación conlleva que no se les efectúe estudios de calidad de agua, asesoría para la administración y auditorías de manera permanente que garanticen la funcionalidad de estos sistemas de acueductos rurales.
Datos suministrados por el MINSA señalan que el mayor número de casos de diarrea y vómitos se dan en áreas rurales, donde existe este tipo de sistemas y el mayor número de estos se encuentran en los distritos de Bugaba y Renacimiento en el occidente de la provincia.
La directora del Proyecto de Agua y Saneamiento de Panamá (PASAP), Mirgia Díaz, afirmó que el Gobierno busca la legalización de los acueductos rurales que existen en Panamá, para tener un mayor control sobre la calidad del agua y poder realizar un trabajo conjunto con los administradores.
"El Gobierno está dispuesto a aumentar la cobertura nacional de agua potable de 74% a 90%, pero también a garantizar que toda el agua destinada al consumo humano sea de la mejor calidad posible", manifestó Díaz.
Es por esta razón que ayer se realizó una gira de campo y concluye ayer viernes con una evaluación.
En la gira participa el ingeniero Luis Escalante, representante de la Dirección de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).
Previamente, el funcionario destacó la necesidad de que las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales cumplan con todos los aspectos de la normativa jurídica vigente para garantizar la propiedad de sistema y lograr mejores condiciones para proteger el recurso.
Para evitar posibles litigios de las propiedades, en donde se encuentren instalados los acueductos rurales e impulsar la reforestación de las áreas aledañas a las fuentes naturales (ríos, quebradas, manantiales o pozos), es necesario cumplir con la normativa legal y capacitar a las comunidades representadas en las JAAR, indicó Escalante.