No hay manera que en este país se aprueben leyes a favor de los sectores populares, y cuando es así, la burocracia, la ineficiencia y la politiquería, logran revertirlas de manera que los beneficios, si los hay, vayan siempre a engordar el bolsillo de los más pudientes.
Un ejemplo palpable es la famosa ley de tributación recién aprobada, que tiene a la gente pagando de más por los productos, sin que el Ministerio de Economía y Finanzas haya establecido con claridad cuáles establecimientos están autorizados, y cuáles no, a cobrar el impuesto del cinco por ciento.
Mientras esto ocurre, hay cientos, sino miles de empresas cobrándole a la población esa tributación impositiva, sin que se sepa, al final, cuál será el destino de esos fondos adicionales, que por lógica quedarán en el bolsillo o la caja registradora de los empresarios.
Bonita gracia, la de los funcionarios del MEF, cuando se sientan a esperar que los dueños de comercios vayan por su cuenta a retirar los formularios de No Contribuyente, a sabiendas que éstos evadirán la responsabilidad que les impone esa ley tan conflictiva y pésimamente explicada, mientras el dinero de los compradores se va por un hueco sin fondo.
Las cifras que maneja la directora de Ingresos dejan al descubierto lo que a simple vista constituye un atraco al bolsillo de los panameños: del 100 por ciento de las empresas registradas en el MEF, el sesenta por ciento tendrá que cobrar el ciento por ciento; mientras que las restantes, que equivale al 40 por ciento, no. Ese 40 por ciento lo forman 36,000 empresas, de las cuales hasta el momento sólo 3,000 han retirado los formularios que les impide cobrar dicho impuesto. |