El caso de los terrenos adquiridos en Punta Chame por un tío del mandatario de la República a precios ridículos, debe ser aprovechado para adoptar una nueva legislación sobre la adjudicación de tierras estatales.
Quizás el caso de Rodolfo Espino ha llamado la atención por tratarse del pariente del jefe del Ejecutivo, pero por años en el país se han dado casos similares y hasta más escandalosos que lo sucedido en Punta Chame.
No hay que irse después del puente de Las Américas para contar con ejemplos. El propio Club de Yates y Pesca realizó rellenos sobre la Bahía de Panamá no autorizados y acaparó miles de metros de terrenos; en el parque Omar se apropiaron de tierras de esas instalaciones; igual sucedió en Paitilla y a lo largo de la zona playa de las provincias de Panamá y Coclé.
Se entiende que las tierras estatales se adjudiquen a precios bajos a personas de escasos recursos, pero no se puede continuar con la venta de decenas de hectáreas a sujetos con gran capacidad adquisitiva, que compran propiedades a precios irrisorios. Si algún empresario desea desarrollar un proyecto sobre tierras estatales que se les alquile por determinado tiempo y luego cuando la empresa ya genera ingresos suficientes se puede proceder a la venta de los terrenos, pero a precios reales, no como si fuera un baratillo. Y es que resulta inverosímil que miles de panameños no cuenten con un pequeño terrenos para edificar una humilde vivienda.
Lo prudente es que las autoridades correspondientes hagan un inventario de los terrenos nacionales y se presente un informe al país y al mismo tiempo se prepare una nueva legislación sobre la materia, de lo contrario el Estado se quedará sin tierras.