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Actualmente la carne que sale del matadero de La Chorrera, según Sánchez, cumple con las normas establecidas por el Ministerio de Salud (MINSA) e inclusive con la Ley de Clasificación de la Carne.  |
La Asociación de Matarifes de La Chorrera solicitó a la actual administración municipal, la suspensión del proceso de privatización del Matadero Municipal, por considerar que con ello se aumentaría la tasa de desempleo en este distrito, además del aumento en los costos por el servicio, indicó Andrés Sánchez, presidente de esta organización.
Para este fin se ha organizado una asociación conformada por carniceros independientes, ganaderos, usuarios del abbatoir y consumidores. Según Sánchez, las negociaciones que se han realizado para la privatización del Matadero Municipal sólo se han realizado con grandes empresas del interior y la capital del país, lo que resulta poco conveniente, ya que ello conduciría irremediablemente a la desaparición de los pequeños productores y comerciantes.
Actualmente la carne que sale del matadero de La Chorrera, según Sánchez, cumple con las normas establecidas por el Ministerio de Salud (MINSA) e inclusive con la Ley de Clasificación de la Carne, expedida recientemente y que es consumida inclusive en los distritos de Capira y Arraiján.
Meses atrás el MINSA efectuó una inspección a este matadero, efectuando una serie de recomendaciones como son mejoras en el sistema de eliminación de aguas servidas, la necesidad de un horno de cremación y la disposición final de los desechos sólidos.
Al respecto, Sánchez indicó que es común que toda estructura sufra algún grado de deterioro, pero ello se puede solucionar con las reparaciones y la adquisición de nuevo equipo coincidiendo en que las autoridades del Municipio de La Chorrera deben trabajar de forma mancomunada con el Ministerio de Salud, para mantener funcionando las instalaciones.
Por parte de la Asociación de Matarifes se entregó una nota en la que se hacían una serie de recomendaciones en torno a cómo mejorar el Matadero Municipal y la solicitud de paralizar el proceso de privatización. |
