Las expectativas del inicio de las explicaciones sobre el ensanche o no del Canal de Panamá, tiene tensa a mucha gente. Los miles de millones de dólares inherentes a dicho megaproyecto y la forma como impactará internamente su financiamiento, ha despertado con justicia, pero con apresurada antelación, aprensiones.
Esto ha sido aprovechado para intentar envolver al Presidente de la Republica, Marín Torrijos, en una capa de restricciones que incluye hasta su defensa del proyecto. Esto pareciera estar basado mas que en un análisis serio, en posiciones de barricada sustentados en la filosofía de que, el Presidente como tal, tiene exigencias mucho mayores que la mera legalidad de sus actos.
La verdad es que los políticos a nivel general, son y serán evaluados más allá de la simple responsabilidad del ciudadano común. Desde ese punto de vista, Torrijos hace bien en tomase su tiempo, antes de decidir lo que se va a realizar. El y su equipo de trabajo están obligados no sólo a ser prudente, sino, a prever las posibles consecuencias de sus decisiones. Es una tarea que no permite equivocaciones y menos, posibles excusas.
Pese al esfuerzo del gobierno por cambiar la percepción de isla e incorporar en alguna forma el Canal al desarrollo nacional, esto no ha sido posible. Esta debe ser asumida como una segunda oportunidad de que se vea la vía como algo mas cercano.
Es cierto que de aprobarse su ensanche, el Canal requeriría la participación de mano de obra muy calificada y de empresas con alta tecnología. Hagamos de esto una masiva transferencia tecnológica exigiéndoles a las empresas que se instalen en Panamá, para que nuestros técnicos puedan capacitarse y estar a nivel que exige la globalización.
El problema es que nuestra democracia como régimen político, suele dejar insatisfacciones. No obstante, aunque no sea por si misma la solución de todos los problemas, no hay duda que es la mejor vía para resolverlos.
