A comienzos de la década del noventa, se creó el Fondo de Emergencia Social (FES), adscrito al Ministerio de la Presidencia de la República, tengo entendido que con la intención de agilizar una serie de obras y proyectos de pequeña envergadura y costos de manera rápida, que no fueran sometidos a un largo proceso de contratación pública y dieran una respuesta inmediata a la población, sobre todo en las áreas apartadas del país.
Pasado el tiempo, esta dependencia dejó de ser el FES y se le llamó Fondo de Inversión Social (FIS).
Caminos, escuelas, acueductos rurales, alcantarillas, puentes, canchas de juegos, parques y otras obras de infraestructuras, necesarias para el desarrollo de las comunidades, pasaron a ser parte de las erogaciones presupuestarias del FIS.
A la entrada de los poblados y a orillas de las carreteras se amontonan todavía literalmente letreros de color amarillo en letras negras anunciando la construcción de obras, señalando además su costo y a la vez promocionando la gestión del mandatario de turno. Hasta allí todo iba bien.
Pero hace unos días, leí que los representantes de corregimiento del distrito de La Chorrera manifestaron ciertas críticas sobre los proyectos realizados por el FIS, aduciendo que hay obras construidas con materiales de ínfima calidad, lo cual deviene en perjuicio de las finanzas estatales y las propias comunidades.
Este periodista ha escuchado serios cuestionamientos debido al mal estado de obras financiadas con recursos del Fondo de Inversión Social que, a pocos meses de ser entregadas, comienzan a deteriorarse. Pero, ¿quiénes reciben estos proyectos?
Ahora, el reclamo ha salido precisamente de un sector del Estado, los representantes vinculados estrechamente a este tipo de inversiones.
