El gobierno, representado por Edwin Salamín en su calidad de Coordinador de la Comisión de Alto Nivel, presentó a las víctimas de la Ley 25 de 1990, una propuesta formal para encontrar una solución definitiva a la diferencia existente producto de la sentencia expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2 de febrero de 2001.
El acuerdo señala que todas las víctimas de la Ley 25 de 1990 a que se refiere la sentencia estarán representadas en una comisión. Asimismo, habrá una representación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Parte fundamental del acuerdo es la decisión de las víctimas de Ley 25 de 1990, de suspender todas las acciones de fuerza con el propósito que las reuniones se realicen dentro de un clima de tranquilidad y armonía.
