Desde hace meses, la administración de la Policía Técnica Judicial (PTJ) permanece sin rumbo claro. Primero se promueve una ley para remover a su director, luego éste se acoge a vacaciones y a su retorno, tres meses después, se le destituye.
Su destitución queda en suspenso ante un recurso interpuesto por Jaime Jácome, el cual no se resuelve. Así mismo ocurrió con el caso del subdirector Eric Bravo Dutary. La Corte Suprema de Justicia, desde hace más de dos años no resuelve en definitiva la remoción de dicho funcionario.
Por más que exista un director encargado al frente de la PTJ, la realidad es pocos trabajan al cien por ciento en una institución en la que no se sabe cuál será su futuro.
En momentos en que se reclama una mayor acción de los estamentos de seguridad, no se puede lograr una acción efectiva en la PTJ, cuando no hay definición de la persona que debe dirigir ese cuerpo auxiliar en las investigaciones de los delitos.
En situaciones como esa, el personal recurre al facilismo de dejar pasar y esperar lo que vendrá. La Procuraduría de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, deben adoptar acciones para definir de una vez por todas, el futuro de la dirección de la PTJ.
Después del apuro para aprobar una ley que le asignaba al Ministerio Público la facultad para remover al jefe de la PTJ, la ciudadanía se pregunta cuál era el propósito: ¿sumergir en una crisis a la institución? Una institución de seguridad no puede avanzar como un barco a la deriva. Hoy los agentes de la PTJ observan que a los miembros de la Fuerza Pública se les concede un aumento salarial y a ellos no se les incluye. ¿Quién aboga por ellos? Probablemente nadie, porque no cuentan con un director nombrado en propiedad.
La lucha contra la delincuencia no se puede ganar cuando instituciones involucradas en esa tarea, están inmersas en una crisis como la que enfrenta la PTJ.