La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Diputados debe iniciará hoy con carácter de urgencia el debate de una "Ley Especial", que busca regular distintos aspectos de la seguridad ciudadana y la prevención social.
El meollo de la propuesta del Ejecutivo es tratar de desmembrar las pandillas de adolescentes, que parecen ser el blanco de la nueva política de seguridad.
El aumento de penas ya levanta voces de organizaciones como la UNICEF, que por años ha alegado que la vinculación de menores con hechos delictivos es mínima en comparación con la participación de adultos en la comisión de ilícitos.
Sin embargo, el gobierno está acosado por una opinión pública que observa crecer la inseguridad en las calles, situación que contrasta con la promesa de mayor seguridad formulada por la alianza Patria Nueva.
La idea es hacer algo para calmar los ánimos. La Ley Especial se presenta como una acción temporal, previo a la preparación de una reforma integral.
Para algunos, la reforma integral debió ser puesta en marcha hace rato por un gobierno que ya cumple más de la mitad de su mandato. Hay quienes afirman que nunca es tarde para emprender cualquiera tarea. Ojalá que el incrementar hasta a 14 años las penas de prisión a los menores pandilleros envueltos en asesinatos, frene la creciente estadísticas de criminalidad.
Ahora también se destinarán el 70% de las multas y dineros decomisados por Aduanas para la lucha contra la delincuencia. Hay que ser realista, los estamentos de seguridad cuentan con recursos que le permiten desempeñar su tarea. En conjunto se llevan más de B/.200 millones del Presupuesto Nacional. El problema no es dinero, el detalle está en la prevención y mientras eso no se cumpla, el problema persistirá.