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La Procuraduría General de la República acusó a once personas, incluso un importante funcionario público, por haber subvalorado tierras de propiedad del estado para venderla a particulares cómplices.
La Procuraduría acusó al administrador de Bienes Nacionales, Víctor Tió Fernández, y a otras diez personas, incluyendo funcionarios medios de esa dependencia, por vender a cinco pesos (30 centavos de dólar) el metro cuadrado de tierras estatales en zonas urbanas.
El precio de mercado de las tierras en cuestión está estimado en unos 1.000 a 1.200 pesos el metro (unos 70 dólares), según la Procuraduría General.
El presidente Hipólito Mejía acogió las recomendaciones de una comisión investigadora de destituir del puesto a Tió Fernández y someterlo a la justicia junto a los demás implicados.
Contra los acusados se radicaron cargos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, falsificación de escritura pública, desfalco, abuso de poder, soborno, prevaricación, sustracción y destrucción de documentos públicos y usurpación de funciones, informó la Procuraduría General.
En sus ocho meses de gobierno, Mejía he tenido que enfrentar varios escándalos de corrupción en su gobierno, pero este es el primer caso sometido a la justicia.
Entre los pasadas denuncias figuran una contra el administrador de la Lotería Nacional, Miguel Vásquez, acusado de arreglar los sorteos para que salieran premiados ciertos números previamente revelados a particulares cómplices.
El Procurador Virgilio Bello Rosa también denunció el mes pasado que varios funcionarios medios fueron arrestados por casos de corrupción, lo que fue confirmado por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, pero nunca se revelaron los nombres ni las funciones de las personas aludidas.
Ante este nuevo escándalo que afecta la Dirección de Bienes Nacionales, Mejía manifestó que no apoyará a nadie que no se apegue a los principios morales en la administración de los recursos públicos.
Mejía inició su gobierno con una fuerte ofensiva contra las pasadas autoridades, arrestando y sometiendo a la justicia a un grupo de ex funcionarios acusados de corrupción.Permanecen todavía detenidos dos de los colaboradores del anterior presidente Leonel Fernández.
Son Luis Inchausti, ex director del Programa de Empleos Mínimos Eventuales (PEME), acusado de cometer irregularidades en el manejo de 1.500 millones de pesos (unos 93 millones de dólares), y Félix Bautista, director de la Oficina Coordinadora de Obras del Estado, acusado de sobrevaluar una carretera. |
