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ONU PIDE A GOBIERNO Y "FARC" UN ACUERDO HUMANITARIO
Jefe policial reta a "Tirofijo" a combatir en igualdad numérica
Agencias
Internacionales
El director de la Policía judicial de Colombia, el coronel Leonardo Gallego, retó ayer al jefe máximo de la guerrilla de las FARC, Manuel Marulanda Vélez ("Tirofijo"), a que combata en igualdad numérica, que las Fuerzas Públicas, en las poblaciones que sean atacadas por su grupo. Gallego extendió el desafío al responsable militar de las FARC, Jorge Briceño (el "Mono Jojoy"), a quien sugirió que acompañara a "Tirofijo" en los ataques, como el del pasado fin de semana a la población de pescadores Vigía del Fuerte, en las selvas del noroeste colombiano. Los 23 policías de esta localidad murieron en el ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que irrumpieron hacia las 22,30 horas locales del pasado sábado (03.30 GMT del domingo pasado), y de donde salieron el domingo por la tarde. Ocho civiles, entre ellos el alcalde, Pastor Perea, y una mujer y sus tres niños, también perdieron la vida en esta incursión, en la que la más antigua y numerosa guerrilla del país movilizó de 300 a 400 hombres de sus frentes "34" y "57". "Estamos indignados y estamos hastiados con la cobardía, comprobada una vez más, de todas esas hordas guerrilleras", declaró Gallego en Bogotá, durante las honras fúnebres de 15 policías que perdieron la vida en Vigía del Fuerte. El jefe de la Dirección Judicial y de Investigación de la Policía Nacional (DIJIN) agregó que si lo que las FARC querían demostrar en esta población era "algo de capacidad" debieron enviar una fuerza militar equivalente. "Ojalá hubiera ido 'Tirofijo', o hubiera ido el 'Mono Jojoy' con otro cabecilla y con 21 guerrilleros, ojalá hubieran ido, en total, 23 a pelear con los 23 policías que había allá, a ver si en esas condiciones obtienen un resultado como el que lograron", puntualizó Gallego, que hasta hace pocos meses dirigió la Policía Antinarcóticos del país. Además del elevado número de bajas, el ataque causó la destrucción del cuartel policial, la Alcaldía, la iglesia, la oficina estatal de telecomunicaciones y una decena de viviendas. La delegación en Colombia de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió ayer al Gobierno y a la guerrilla de las FARC que se comprometan con un acuerdo humanitario que permita proteger a la población civil de las "incursiones de los combatientes". Además, reclamó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las principales guerrillas del país, así como a los grupos paramilitares de extrema derecha y demás implicados en el conflicto interno, que pongan fin a los ataques contra civiles y a los actos de crueldad. El Estado colombiano debe adoptar también medidas de prevención y protección de las poblaciones en peligro, agregó la oficina nacional humanitaria de la ONU, que dirige Anders Kompass. Dicha delegación emitió un comunicado con motivo de los recientes ataques de las FARC contra dos poblaciones del noroeste del país que dejaron 32 muertos, entre ellos ocho civiles, y también por el asesinato de tres desplazados en la región de Urabá, al parecer cometido por paramilitares. "Estos hechos son una prueba más de la urgencia y necesidad prioritaria de lograr un acuerdo humanitario que permita proteger a la población civil de las incursiones de los combatientes", consideró la oficina humanitaria. La delegación agregó que "en la presente y valiosa etapa de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, para avanzar hacia un acuerdo de paz, debe considerarse, sin dilaciones, una discusión seria de este tema y concertar reglas y compromisos mínimos que permitan evitar más víctimas civiles". El futuro de un país, advirtió la oficina de la ONU, no puede negociarse "donde las amenazas, muertes, secuestros y desplazamientos no permiten un debate libre y franco, ni una perspectiva seria de preservación de la sociedad". La delegación humanitaria resaltó que la falta de acción oportuna e integral por parte del Estado ante las amenazas y violaciones que se producen en varias regiones del país da lugar a "injustificadas acciones por parte de los grupos al margen de la ley". Las FARC, el ELN, la extrema derecha y demás involucrados en las hostilidades deben cesar sus ataques a los civiles y proscribir los actos de crueldad, incluso contra sus propios combatientes, reclamó la oficina de la Alta Comisaría de la ONU para los Derechos Humanos. Del mismo modo, pidió a las autoridades que investiguen, sancionen a los responsables y aseguren una reparación adecuada a las víctimas del conflicto armado y a sus familias.
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