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El vicepresidente de la República, Juan Francisco Reyes, considerado el "brazo derecho" de Ríos Montt, acusó a la CC actual de haberse "politizado" en sus decisiones. |
Una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala ha desatado un verdadero caos jurídico por el abrumador número de interpretaciones que hay sobre sus implicaciones en el retiro o no del general José Efraín Ríos Montt de la presidencia del Congreso Legislativo.
Lejos de resolver la situación de la Asamblea Legislativa, sumida en el mayor escándalo político de los últimos años, el fallo de la CC ha sido fuente de mayor confusión.
El dictamen del tribunal suspendió provisionalmente el artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso, que había sido modificado el pasado 28 de febrero para impedir que Ríos Montt abandonara el cargo directivo si, como sucedió cinco días después, la Corte Suprema de Justicia lo despojaba de la inmunidad por su presunta participación en la falsificación de otra ley.
Además de Rios Montt otros veintitrés diputados del partido gobernante, Frente Republicano Guatemalteco (FRG), han sido acusados de violar la Constitución, ocultar y destruir pruebas, falsedad material e ideológica, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes al haber rebajado un 50 por ciento las tasas de la Ley del Impuesto a las Bebidas Alcohólicas.
Las modificaciones al reglamento interno fueron aprobadas por el FRG, con mayoría en el Congreso, antes de la resolución de la Corte Suprema, por lo que Ríos Montt y otros cinco directivos pudieron conservar los cargos.
Pero la oposición recurrió las reformas y, tras cerca de una semana de espera, la CC resolvió en su favor, en lo que se suponía un fallo cuyas consecuencias significaban el retiro sin discusiones de Ríos Montt y sus partidarios de la Directiva.
No obstante, el militar de 74 años aseguró, tras conocer del fallo, que no dejará la Presidencia del Parlamento (unicameral).
"A nosotros prácticamente no nos afecta", señaló el político para luego reconocer que "si la ley me saca yo me voy".
El vicepresidente de la República, Juan Francisco Reyes, considerado el "brazo derecho" de Ríos Montt, acusó a la CC actual de haberse "politizado" en sus decisiones.
De acuerdo con Reyes, quien es abogado, la resolución es "inmoral e ilegal" porque viola el principio universal del derecho que es la presunción de inocencia.
En una reunión de urgencia celebrada posteriormente, el bloque del FRG, que cuenta con 61 diputados, acordó que los seis directivos no se retirarán, para lo cual invocaron la no retroactividad de la ley y otros preceptos legales.
Uno de los secretarios de la directiva parlamentaria, Juan Luis González, explicó a ACAN-EFE que la resolución n les obliga a abandonar los cargos y aseguró que la próxima sesión será presidida por el cuerpo colegiado completo.
Por su parte, el secretario general del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Leonel López, uno de los que recusaron la reforma, explicó a ACAN-EFE que con el amparo provisional quedan sin efecto las reformas al artículo 16 y el original queda vigente, por lo que los diputados con cargos directivos procesados por el escándalo de las bebidas deben convertirse en simples legisladores.
El presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), Roberto Villeda, afirmó que los diputados deben retirarse porque al suspender la CC el artículo 16 entra en vigor el anterior que no está modificado.
La diputada izquierdista Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación (ANN), al dar como un hecho el retiro de los directivos dijo a ACAN-EFE que con el amparo la CC ha rescatado el Estado de Derecho y ha sentado un precedente favorable a la democracia.
Mientras, el Grupo de Apoyo Mútuo (GAM) afirma en un comunicado que la directiva de la Asamblea es la más ilegítima que ha existido en el Congreso de la República y todas las leyes que se hayan creado bajo su mandato deben ser declaradas nulas e ilegales.
"Llamamos a los diputados de las bancadas de oposición a que de manera inmediata se impulsen las medidas pertinentes a fin de garantizar que la resolución de la Corte de Constitucionalidad sea aplicada de manera efectiva e inmediata", señala el GAM al convocar a una manifestación este martes frente al Palacio Legislativo. |
