No existe en la vida democrática un momento conveniente para pasar por encima de la Constitución Nacional. Hay que reformar, innovar, dentro de la constitucionalidad. Por eso el peligro de la manipulación de la opinión pública dentro de pautas de agendas ocultas y de intereses de sectores que parecieran añorar el autoritarismo negando la eficacia de actuar dentro del marco de la democracia.
Las viejas formas de hacer política y el comportamiento de los poderes fácticos son una demostración de resistencia a aceptar el proceso de cambios y transformaciones en el que está inmerso el país. Eso se hizo patente durante el proceso de reformas constitucionales, se repitió en las discusiones para la reforma fiscal y está tratando de sacar del foco de la opinión pública el tema de la reforma al sistema de seguridad social y comprometerla en el debate anticipado de la reforma al Órgano Judicial.
El gobierno no le está sacando el cuerpo a la crisis del sistema judicial, pero debe atender en forma paralela el complejo problema de la Caja de Seguro Social (CSS).
Mientras tanto, una Comisión de Estado por la Justicia, producto del pacto alcanzado por el presidente Martín Torrijos con los tres Órganos de la Nación, las Procuradurías de la Nación y de la Administración, la Defensoría del Pueblo y el Colegio Nacional de Abogados, tiene hasta noviembre para lograr una reforma judicial integral que convierta la administración de justicia en un instrumento al servicio de los ciudadanos.
En el proceso están invitados participar las organizaciones sociales y los sectores políticos, empresariales, sindicales y religiosos que deseen aportar para encontrar una salida democrática a la crisis del Órgano Judicial. No es con inestabilidad como se arriman soluciones, ni desconociendo el orden institucional con tentaciones autoritarias como puede reformarse el sistema de justicia.
Torrijos ha demostrado un uso firme, pero prudente y equilibrado del poder. Al hacerlo ha establecido el piso para el despegue de la profunda reestructuración que requiere el Órgano Judicial a fin de estar a tono con el nivel de confianza, credibilidad, legitimidad y representatividad que demanda el país.
