El presidente del Partido Solidaridad, José Raúl Mulino, cuestionó la forma cómo se estructuró la denominada "Comisión de Estado por la Justicia", organismo encargado de proponer en un plazo de 180 días cambios al modo de administración de justicia en el país.
Durante una reunión de junta directiva del colectivo, el opositor dudó que dicha comisión pueda encontrar una solución integral al viejo problema en la administración de justicia.
"Este pacto pretende tirar al desvío uno de los más graves problemas que afecta la institucionalidad democrática y la credibilidad del país", añadió Mulino.
El dirigente de Solidaridad reconoció que el presidente de la República no puede violar la Constitución, pero indicó que es un error involucrar al Órgano Ejecutivo en la comisión que pretende resolver el problema judicial.
En el discurso de instalación del pacto, el presidente Martín Torrijos calificó de "inaplazable" la reforma del sistema de administración de justicia.
Torrijos afirmó "que no se trata de una comisión para estudiar un tema, sino de un acuerdo para devolverle a la ciudadanía la fe en la justicia". El Comité Ecuménico es el depositario del Pacto de Estado.
El Pacto de Estado por la Justicia busca, entre otras cosas, realizar cambios en la estructura de organización, en los procedimientos y en la normativa del sistema de justicia, "para lograr un Órgano Judicial y un Ministerio Público independientes, eficientes y competentes".
Igualmente se propone cambiar la forma como se escogen los magistrados de la Corte, con el fin de lograr "mayor transparencia".