A las voces que reclaman el veto del proyecto de reformas al Código Penal se han sumado la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez y el oficialista Partido Popular.
La jefa del Ministerio Público fue más allá. Advirtió que con las modificaciones aprobadas por la Asamblea Nacional de Diputados, se pueden caer las investigaciones que adelanta la Fiscalía Cuarta Superior por la muerte de panameños, debido al consumo de medicamentos contaminados de la Caja de Seguro Social.
No puede ser que la peor tragedia en materia de Salud que registra el país quede impune por la aprobación de reformas al Código Penal, que no fueron adecuadamente consultadas.
Se estima que son más de 400 los compatriotas que asistieron a un hospital del Estado a buscar salud y le recetaron la muerte. Pretender excluir como delito la alteración de la fecha de vencimiento de un producto, tal como ocurrió con la empresa local que importó la glicerina que debía utilizar el Seguro Social para preparar medicamentos y que a la postre resultó ser el veneno dietileneglycol, sería escandaloso.
Desde un principio advertimos que ese tipo de omisiones no son casuales. Algunos políticos tratan de aprovechar cualquier oportunidad para colar sus "camarones" lograr algún beneficio particular al momento de debatir un proyecto de ley.
De igual modo, el Ministerio Público cuestiona que el delito de cobrar salario del Estado, sin ir a trabajar apenas se condenaría con días multas o trabajo comunitario. Ese tipo de acciones contradicen la llamada política de cero corrupción que tanto pregonó en campaña el mandatario Martín Torrijos. Así pues, cualquiera puede tener una "botella" de miles de dólares mensuales y al final sólo es deberá pagar un multa de poca monta. ¡En verdad que así no se puede!