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El abogado Raúl Ossa de La Cruz, dijo que comprometido con las posiciones políticas y jurídicas que contribuyen a consolidar la democracia en nuestro país, demandará la nulidad del Acuerdo Nº 3 del 13 de febrero de 2001, que limita las funciones del alcalde, por considerar que viola la Ley 106 de 1973.
El acuerdo en mención restablece el Acuerdo Nº 23 de octubre de 1984, el cual fue demandado hace 17 años por el abogado Raúl Ossa, quien señaló que en aquel entonces la Corte Suprema de Justicia no resolvió científicamente el asunto "por estar comprometida con la dictadura".
Señaló que jurídicamente es viable demandar el acuerdo, aún cuando haya un fallo de inconstitucionalidad que lo declaró legal, por ser violatorio de la Ley 106 de 1973 y de varios artículos sobre los cuales la Corte Suprema no se ha pronunciado.
Dijo que para tratar de justificar la medida la corte hizo una redacción "de esas que dicen sin decir y que cualquier magistrado que lea ese fallo ahora tiene que sentir vergüenza de lo que hizo".
Según Ossa, existen aproximadamente unos 8 precedentes de la Corte Suprema de Justicia pronunciándose sobre esa materia y unas 14 o 15 consultas de la Procuraduría de la Administración, en las que se deja plasmado que la acción viola las leyes de la República.
Indicó que una vez más el Consejo Municipal de La Chorrera podría ser demandado "por hacer cosas que dan la vuelta al mundo y que nos avergüenzan".
Aclaró que el Acuerdo Nº 3 del 13 de febrero de 2001 no ha sido aprobado por insistencia, ya que la alcaldesa Libertad Brenda de Icaza lo devolvió con unas objeciones y los representantes lo modificaron, por lo que el documento aprobado por insistencia no fue el mismo que presentaron inicialmente para su sanción.
Agregó que corresponde ahora a la alcaldesa evaluar en el término de 6 días el procedimiento para decidir si lo sanciona o veta y que ellos decidan si van a volver a insistir nuevamente en su aprobación. |
