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La comisión presidencial para combatir la corrupción pidió a los legisladores que se levanten la inmunidad hasta que culminen las investigaciones sobre los caso que se denuncian. Foto Jorge Silot EPASA.  |
La Comisión para la Transparencia del Sector Público reveló ayer Exactamente como lo indica el Decreto No. 7 del 22 de enero de 2002, este documento es el primer informe que la Comisión presenta a su conocimiento y lo que sigue son las recomendaciones que sugerimos a su Excelencia para dar inicio a la gran cruzada por el adecentamiento del país. Procedemos a enumerarlas así:
1. Establecer controles para evitar el nepotismo en todas sus formas en las instituciones públicas.
2. Crear mediante Ley una entidad con alcance nacional, totalmente independiente dedicada a la lucha contra la corrupción, donde los ciudadanos puedan denunciar los casos de corrupción pública y privada.
3. Derogar las disposiciones legales que autorizan a los legisladores, principales y suplentes, Magistrados de la Corte Suprema, Tribunal Electoral y otros servidores públicos, la importación de automóviles libres de gravámenes.
4. Propiciar un Acuerdo Nacional contra la Corrupción con la participación de los tres Organos del Estado.
5. Eliminar la franquicia postal, telegráfica y telefónica asignada a los legisladores, principales y suplentes.
6. Suspender todas las contrataciones directas, salvo los casos de los numerales 2,4, 5 y 10 del Artículo 58 de la Ley 56 de 1995, o en los casos de desastre natural.
7. Eliminar el salario permanente de suplentes a legisladores.
8. Renunciar al uso de las llamadas partidas discrecionales que maneja la Presidencia de la República o reemplazarlas por una partida para fines humanitarios exclusivamente.
9. Revisar la Ley y el Decreto que autoriza la expedición de pasaportes diplomáticos y oficiales.
10. Eliminar la planilla que utiliza la Asamblea Legislativa por un monto de B/.4,750.00 mensuales per cápita, de sus miembros y que es usada a discreción por cada legislador. 11. Disponer que todo funcionario que percibe gastos de representación no tendrá derecho a viáticos cuando cumple una misión oficial dentro del territorio nacional.
12. Fijar un tope del salario a percibir por los servidores públicos. Ningún servidor público, salvo la Presidencia de la República y los funcionarios del Servicio Exterior, podrá percibir un ingreso, incluyendo los gastos de representación mayor de B/.5.000.00 mensuales.
13. Limitar la escolta que debe acompañar a los servidores públicos por razones del servicio. La escolta solamente deben tenerla la Presidenta de la República, los Vicepresidentes, los Ministros de Estado, los Presidentes de los Organos del Estado, el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, la Procuradora de la Administración, los Fiscales Antidrogas y Anticorrupción, el Jefe de la Policía y el Jefe de la PTJ.
14. Reactivar la Carrera Administrativa para incorporar en ella de modo definitivo a todos los servidores públicos.
15. Expedir para el próximo año fiscal la Ley General de Sueldos que contemple, además, una revisión de los salarios de aquellos funcionarios que reciban menos de B/.300.00.
16. Restringir el uso de combustible, de modo que su consumo sea exclusivamente para misiones oficiales.
17. Crear una Junta Nacional de Defensa de la Cultura y de los Valores Cívicos.
18. Establecer un juramento que deben prestar al inicio de clases todos los estudiantes del país, fundado en el temor a Dios y los juicios de la historia.
19. Establecer que todos los jefes de las oficinas de compras de las distintas dependencias del Estado deben rendir una declaración de bienes al iniciar y al cesar en el desempeño de sus funciones.
20. Propiciar los cambios constitucionales para que la gestión fiscalizadora de la Asamblea Legislativa sea más expedita.
21. Establecer una Ley Marco para limitar el endeudamiento del Estado.
22. Eliminar el sistema de los contratos leyes, porque instaura la práctica del favoritismo.
23. No autorizar las inversiones extranjeras que exigen la abolición del sindicalismo.
24. Modificar las normas legales que asignan a los cónsules comisiones por su trabajo.
25. Adoptar las medidas legislativas para eliminar el financiamiento oficial de los partidos.
26. La Comisión Presidencial contra la Corrupción hace suyo el sentir de la sociedad panameña de que tanto el Organo Judicial como el Ministerio Público deben poner su mayor empeño en que las investigaciones y procesos que se han iniciado con motivo de los actos de corrupción denunciados sobre la aprobación de la Ley del CEMIS y el nombramiento de los Magistrados, sean profundizados y resueltos a la mayor brevedad.
27. Recomendar a los dirigentes de los partidos políticos, la adopción de respuestas esclarecedoras en cada ocasión en que se les señale como autores de actos de corrupción.
28. Revisar de inmediato, los sueldos que perciben los empleados de Aduanas y de Migración, con miras a aumentarlos.
29. Recomendar a la Contraloría General de la República que investigue la posible existencia de tráfico de influencias en el caso de TRICOM-BELL SOUTH.
30. Recomendar la derogatoria de la disposición que exonera del pago de impuesto sobre la renta aquellas transacciones de compraventa de valores emitidos por empresas registradas en la Comisión Nacional de Valores y que se hacen por conducto de la Bolsa.
31. Restablecer la denuncia por evasión tributaria como una acción popular sujeta a recompensa y gravar dicho ingreso con el impuesto sobre la renta.
32. Exigir al Sector Privado Organizado la adopción de un Código de Etica que fije pautas a sus miembros.
33. Revisar a fondo las prácticas de tributación de los bancos establecidos en Panamá.
34. Eliminar los privilegios de que disfrutan los comerciantes que operan en la Zona Libre de Colón en materia tributaria.
35. Modificar el Sistema Electoral con miras a eliminar todo lo que signifique monopolio de sufragio, privilegios y fuentes de corrupción: a) erradicar las partidas circuitales de modo definitivo; b) prohibir la reelección de los legisladores para el período inmediato; c) permitir la libre postulación de candidatos a todos los puestos de elección.
36. Fijar mediante Ley requisitos especiales para los aspirantes a los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Magistrados del Tribuna Electoral, Procurador General de la Nación y de la Administración, Contralor General de la República, que entre otros aspectos garanticen lo siguiente: Independencia de criterio, frente al Gobierno de turno y Ausencia de conflictos de intereses.
37. Reglamentar la Ley de Transparencia y emprender una labor de divulgación masiva de su texto.
38. Divulgar las planillas de todos los Organos del Estado.
39. Reforzar las medidas para lograr el cumplimiento del horario de trabajo de los funcionarios públicos.
40. Establecer un plan de reducción de la mora judicial y administrativa, que contemple la celebración periódica y puntual de las reuniones de Junta Directiva y Organos de decisión en el Gobierno Nacional
41. Revisar el contrato de servicios entre la Sociedad Panameña de Autores y Compositores y la Sociedad Anónima Recaudaciones Corporativas Directas, S.A.
42. Solicitar a la Corte Suprema de Justicia la publicación de la estadística judicial de la producción de cada tribunal.
43. Revisar la Ley 59 de 1999, a efectos de devolver al Ministerio Público las facultades investigativas en los casos de corrupción.
44. Fortalecer el periodismo, para que sea un medio eficaz de educación e información y asuma responsablemente las denuncias serias y bien sustentadas.
45. Exigir la revisión y análisis funcional de los cargos en cada una de las instituciones públicas.
46. Dejar sin efecto las excepciones al procedimiento de selección de contratistas autorizadas al IDAAN.
47. Exhortar a los legisladores a que renuncien a la inmunidad de que gozan, durante el tiempo que dure la investigación de los casos relacionados con el nombramiento de los magistrados y la aprobación del Contrato Ley del Consorcio San Lorenzo.
48. Redactar un proyecto de ley que impida los conflictos de intereses de los funcionarios públicos.
49. Establecer un sistema público y transparente para los cupos de transporte y el revisado de vehículos en el país.
50. Incorporar a las sociedades de ahorro y crédito para la Vivienda reguladas por la Ley 39 de 1984, a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos. |
