EN MUNICIOIO DE ARRAIJAN
Reintegro de Cañizales demorado
por existencia de consulta legal
Eric Montenegro
Panamá Oeste - EPASA
El abogado Jaime Barroso,
explicó que la demora en el reintegro del separado alcalde de Arraiján
Cristóbal Cañizales, se debe a la existencia de una norma
legal que exige enviar la Resolución emitida a su favor, a una consulta
en el Segundo Tribunal Superior de Justicia.
Barroso, indicó que el expediente del caso ya fue enviado a dicho
tribunal por lo que se espera que la consulta sea devuelta.
Agregó que "quizás por la emoción" se
pasó por alto esta disposición que rige para los funcionarios
públicos separados.
Agregó que la decisión de la jueza Alina E. Hubiedo de
sobreseer provisionalmente a Cañizales se da al no existir los suficientes
elementos probatorios en su contra, por lo que transcurridos dos años
se podrá solicitar el sobreseimiento definitivo.
Barroso indico que el caso podría ser reabierto "siempre
y cuando se presente pruebas y nuevos elementos" que comprueben la
comisión del delito en que Cañizales se encontraba supuestamente
involucrado, pero nunca se pudo comprobar en las audiencias realizadas.
Según el exasesor legal del Municipio de Arraiján, la Resolución
dictada por la jueza Hubiedo solicita el envío del expediente a la
Personería municipal, para que se investigue por el delito de contra
la administración pública a las personas que acusaron a Cañizalez.
A criterio de Barroso los testigos y acusadores de Cañizales cometieron
perjurio y calumnia contra actuaciones judiciales, al atestiguar que su
defendido de cobrar coimas para permitir la operación de parrilladas
en el distrito de Arraiján.
Barroso enfatizo, que al iniciarse las sumarias en contra de las aproximadamente
12 personas que serán investigadas, se busca descubrir "al
cerebro" del complot ya que los testigos y acusadores "han sido
solo peones".
Explico además, que ya se tienen los nombres de los tres políticos
que participaron en la elaboración del plan, aunque dijo no tener
pruebas de ello; advirtiendo que los mismos serán revelados por
las personas contra quienes se inicie el proceso legal.
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