Después de ocho años, la justicia panameña ha condenado a los directivos del Banco Agro Industrial y Comercial de Panamá (BANAICO), por la quiebra de ese establecimiento.
A pesar de la pena de prisión ordenada por el Juzgado Décimo Segundo, entre los clientes de dicho banco queda el sabor amargo de haber perdido sus ahorros de toda la vida. De qué consuelo le sirve a estas personas ver que a los directivos de BANAICO fueran condenadas a ocho años de cárcel, cuando no han podido recuperar su dinero.
Ya una decena de cuentahabientes de BANAICO han fallecido sin lograr la devolución de sus fondos.
Al mismo tiempo, lo sucedido pone de manifiesto que la institución encargada de la supervisión de esos establecimientos: la Superintendencia Bancaria, en la época en que se produjo el descalabro de BANAICO, no desarrolló una adecuada labor, que pudo haber detectado el desgreño administrativo existente.
También precisa una legislación para proteger a los cuentahabientes de las quiebras de los bancos. Una medida de ese tipo fortalecería al propio centro financiero que opera en Panamá, porque los ahorristas panameños y extranjeros sabrían que sus dineros estarían seguros.
Los legisladores en vez de discutir tantas bobadas, deberían promover iniciativas de esta índole, que en verdad benefician a la ciudadanía e inversionistas.
Así como los bancos exigen un seguro cuando conceden un préstamo para adquirir una hipoteca o un vehículo, ellos también deberían contar con un seguro para proteger los dineros que les confían los cuentahabientes. ¡Que lo sucedido con BANAICO nos sirva de experiencia!