Por gestiones de la Defensoría del Pueblo, autoridades del Órgano Judicial procedieron a dejar en libertad a las ciudadanas Shivone Howard y a Janeth Córdoba, quienes ya habían cumplido la totalidad de sus respectivas penas por delitos contra la salud pública en el Centro Femenino de Rehabilitación, pero que aún permanecían detenidas tras existir procesos de apelación por parte del Ministerio Público.
En el caso de la señora Howard, quien ya había cumplido la totalidad de la pena de 20 meses de prisión, la defensora del Pueblo, Mónica Pérez, dio instrucciones a los oficiales de derechos humanos para interponer un recurso de Hábeas Corpus ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, instancia que falló a favor de la privada de libertad de la privada en libertad.