Un grupo de integrantes de la Asociación de Miembros de la Fuerza Pública (AMIFUP), exigieron al Estado, que les dé una respuesta sobre la deuda que tienen con ellos, aproximadamente de $3 millones de dólares.
Vicente Fernández, dirigente del grupo, destacó que el dinero que les adeudan son producto de préstamos proporcionadas por la asociación y alimentación de los privados de libertad, de algunos centros de rehabilitación carcelaria, deudas que han estado reclamando desde hace unos diez años.
Los quejosos fueron a la Defensoría del Pueblo, donde además, presentaron una queja de "violación a sus derechos", por supuestas irregularidades en algunos casos que se ventilan en la esfera jurisdiccional, relacionada al litigio de tierras y propiedades de esta asociación.
