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Policía dispersa marcha en favor de insurrectos en Quito
Agencias
Internacionales
La policía ecuatoriana dispersó el jueves con gases lacrimógenos a unos 300 manifestantes que reclamaban la libertad de militares detenidos por apoyar una sublevación que derrocó al ex presidente Jamil Mahuad. Familiares y simpatizantes de los detenidos protestaron por calles céntricas de Quito y fueron interceptados por la policía cuando intentaban llegar hasta las sedes del Congreso y del Palacio Presidencial. Organismos de defensa de los derechos humanos dijeron que al menos cuatro manifestantes fueron detenidos y otro resultó con una herida en la cabeza. Mandos medios del ejército ecuatoriano, aliados a miles de indígenas, se sublevaron el 21 de enero contra Mahuad y se autoproclamaron "gobierno de salvación nacional". Pero un día después permitieron que el vicepresidente Gustavo Noboa, de 62 años, asumiera el poder con el apoyo de la cúpula militar, resultando arrestados los cabecillas del levantamiento. "Ha llegado el momento en que todo ciudadano ecuatoriano debe presentar su respaldo incondicional a esta marcha cívica en pro de conseguir la amnistía y la libertad" de los detenidos, dijo Ximena Bohrquez, esposa del coronel sublevado Lucio Gutiérrez. En la marcha participaron esposas y familiares de los detenidos, así como líderes indígenas que impulsaron la caída de Mahuad. Versiones de prensa no desmentidas oficialmente han dicho que unos 300 miembros del Ejército estarían bajo investigación militar y que por lo menos 17 oficiales se encuentran detenidos en recintos castrenses de Quito. El gobierno de Noboa se niega a interferir en el juzgamiento y, menos aún, a conceder cualquier forma de amnistía o indulto. En los últimos tres años, Ecuador ha tenido cinco presidentes. La última dictadura militar acabó en 1979. El abogado del coronel Gutiérrez, Jacinto Velásquez, dijo que se mantiene en la tesis de pedir la amnistía porque los militares no han cometido ningún delito. "Ellos han contribuido a que salga una persona que había fracasado en el poder", declaró al referirse a la salida de Mahuad, quien gobernó el país durante 17 meses. Abogados de los militares acusados han dicho que a sus defendidos se les debe imponer una pena de algunos meses de cárcel, pero no su baja o prisión por varios años. En Ecuador, los militares siempre han sido vistos como la piedra de salvación cada vez que el país caía en crisis dentro de un largo historial de turbulencias políticas. Legisladores que simpatizan con los militares insurrectos presentaron el jueves en el Congreso una iniciativa para conceder amnistía a los rebelados. "Es necesario que el Congreso pueda pronunciarse al respecto", dijo Nina Pacari, diputada del partido Pachakutik, de extracción indígena, al presentar la iniciativa. Sin embargo, el planteamiento no tendría suficiente apoyo en el parlamento unicameral, según fuentes legislativas. Sondeos de opinión han señalado que el 67 por ciento de los ecuatorianos rechazan el enjuiciamiento de los militares golpistas.
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