El Gobierno Nacional ha establecido un plazo de 90 días para enfrentar el embrollo de la privatización de los servicios públicos. Para ello habrá que revisar la ley creadora del Ente Regulador y realizar los reajustes necesarios sin que se deba regresar a la nacionalización.
El vertiginoso ascenso de los precios del petróleo nos ha tomado a todos por sorpresa, sin haber elaborado un plan que estimulara la construcción de hidroeléctricas y otras formas de producción de energía.
La manera de enfrentar la dificultad ha sido equivocada porque se ha pretendido buscar en el sector privado la responsabilidad correspondiente a la gestión gubernamental del último quinquenio de los noventa; para los panameños es muy compleja la fórmula que involucra en este proceso tres iniciativas: la generación, la transmisión y la distribución.
Un punto medular, al realizar la privatización del servicio, fue obviar que las plantas térmicas deberían someterse a un plan de modernización.
A nuestro parecer, este modelo de privatización ha sido desacertado, porque la venta de la energía eléctrica se ha basado en los precios y no en los costos, por lo tanto se toman como base las plantas que son de bajo rendimiento para entonces realizar los cálculos de cuánto nos han de cobrar.
En lugar de buscar responsables debemos intentar resolver con prontitud el problema y apuntar las luces hacia el futuro.
Una fórmula salomónica sería satisfacer a los consumidores, a la empresa privada y a los inversionistas, en particular en este momento cuando no llegan al país grandes capitales, sobre todo en aquellos sectores donde se requieren cuantiosos aportes de capital extranjero, como lo son la construcción y el turismo.
En el Panamá de hoy, las nacionalizaciones no incrementarán las inversiones por lo que se hace necesaria la participación de los recursos financieros, tanto locales como extranjeros. A veces, nos mueve a risa ver en los medios de comunicación a quienes, sabiendo que no hay marcha atrás en este asunto, añoran el IRHE, cuando antes lo combatían. Ahora reconocen que el General Omar Torrijos tuvo razón cuando en su momento nacionalizó estos recursos.
