La creación de un circuito nacional plurinominal o circuito N°40 -contenido en el paquete de reformas electorales que fue presentado a la Asamblea Nacional- podría encontrar resistencia entre los diputados.
Lo planteado por el Tribunal Electoral (TE) afecta directamente el "status quo" de los parlamentarios en algunos circuitos del país. La Constitución establece un tope de 71 diputados y para la institucionalización de los diputados nacionales se tendría que segregar 10 curules en 8 circuitos electorales.
Esta segregación haría más reñida y estrecha la disputa de las curules en los circuitos de las ciudades de Colón, David, Bugaba, La Chorrera, Panamá y San Miguelito.
En los circuitos 3-1, 4-1, 4-3, 8-5, 8-8 y 8-10 se segregaría una curul para convertirla en nacional, mientras que en los circuitos 8-6 (San Miguelito) y 8-7 (Panamá) se sacarían las cuatro curules necesarias para completar las diez plazas que se convertirían, a partir del 2014, en curules nacionales.
El sistema de elección sería por votación directa a través de una quinta papeleta, sin embargo, se dejaría abierto el criterio que utilizará cada partido para nominar a sus diez candidatos.
Los candidatos a presidente y vicepresidente serían los dos primeros de la lista, y en caso de que el candidato a presidente sea el ganador, su suplente a diputado ocuparía su curul.
En la Comisión de Reformas Electorales la propuesta fue respaldada mayoritariamente, y solo el PRD votó en contra, mientras que el representante del Partido Panameñista, Jorge Barakat, votó en abstención.
Según declaró Barakat, el partido se abstuvo "porque considera que la propuesta, por su complejidad y afinidad a preceptos constitucionales, debe ser analizada a profundidad en la Asamblea Nacional".
La Comisión se instaló el 14 de enero y concluyó el 22 de diciembre de 2010 luego de 43 sesiones, donde se redactó un proyecto que modifica 97 artículos de la ley actual.
Se espera que el tema de la creación de un circuito plurinominal nacional encienda el debate en la Asamblea, así como la fijación de topes en los gastos de campaña para todos los cargos de elección popular que serían contabilizados desde la apertura de las elecciones primarias y la obligatoriedad de género en las postulaciones que hagan los partidos políticos.