La Comisión de Comercio de la Asamblea comienza hoy el primer debate del proyecto de ley 277, que reforma el Código Minero.
Esto luego de tres días de consulta, donde unas 65 organizaciones expusieron su respaldo y oposición al polémico documento.
La pelota está del lado de los diputados, quienes deberán decidir si el proyecto que envió el Ejecutivo será reformado o si bien se aprueba sin modificaciones.
El tema ha enfrentado hasta los indígenas que residen en las comunidades aledañas a los proyectos mineros de Donoso y San Félix. Quienes defienden el proyecto acusan a sus paisanos de estar financiados por ecologistas extremistas, mientras quienes lo rechazan afirman que ello se debe a que las empresas mineras corren con los gastos del movimiento.
Pedro Miguel González, primer subsecretario del PRD, comunicó que la "línea" del partido es rechazar el proyecto, en tanto que el Partido Popular (PP), a través de su presidente Milton Henríquez, es del criterio que aún necesitan más información para establecer una posición oficial.
FORMA IRRESPONSABLE
Entre tanto, Maribel Gordón, del grupo de economistas de Frenadeso, indicó que la promoción de reformas al Código Minero se ha hecho de forma "irresponsable e irrespetuosa".
Sostuvo que los cánones, regalías y tasas que el gobierno pretende percibir por efecto de la actividad minera que piensa desarrollar Minera Panamá son "irrisorios", tomando en cuenta los miles de millones que genera esta actividad.
Otro de los temas polémicos ha sido la apertura para el financiamiento de la actividad minera por parte de gobiernos extranjeros, a través de agencias económicas o empresas privadas legalmente constituidas.
En defensa del proyecto, el ministro Roberto Henríquez, señaló que lo planteado por el MICI señala la prohibición que gobiernos o Estados extranjeros sean los poseedores de concesiones mineras, con excepción de aquellas personas jurídicas en las que tengan participación económica o financiera uno o más Estados o gobiernos extranjeros, siempre y cuando dichas empresas hayan renunciado expresamente en el contrato de concesión a la reclamación por la vía diplomática.
La prohibición es extensiva a los funcionarios, sea directamente o por interpósita persona que tengan el deber de intervenir, por razón de sus funciones, en la adjudicación, operación o explotación de las concesiones mineras. Cuando el concesionario sea una sociedad anónima, sus acciones deberán ser nominativas, por lo que no se permitirán la emisión de acciones al portador.
PROMOCION
El ministro Roberto Henríquez manifestó que la ley no es para la promoción de Cerro Colorado. Negó que se pretenda convertir el país en un "Estado minero".
Indicó que, en los 18 meses de gestión, el gobierno no ha autorizado concesiones nuevas para explotación de minerales metálicos.
Con la reforma se espera que el Estado reciba anualmente ingresos estimados de B/485.1 millones con el aumento del 2% al 4% en el pago de regalías, impuestos, salarios y demás ganancias, según cálculos preliminares de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA).
Henríquez rechazó versiones que ligan al proyecto de ley 277 como un trampolín para el desarrollo del proyecto minero en Cerro Colorado, cuya concesión fue aprobada en 1997. Sobre este aspecto, la semana pasada se registró el primer brote de enfrentamiento entre la Policía e indígenas que habitan las tierras donde se daría la explotación.