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Denuncian que pacto entre Gobierno y FSLN viola derechos de nicaragüenses
Managua
AFP
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció este martes que el respeto a los derechos civiles de los nicaragüenses "ha entrado en franco deterioro" en los últimos dos años, lo que se acentuó con un pacto político entre el Gobierno y la oposición sandinista. "El pacto ha debilitado sensiblemente el proceso de consolidación de la incipiente democracia formal e institucional en Nicaragua" y evidencia la falta de independencia de los poderes de Estado supeditados a los intereses personales de los impulsores del pacto, expuso el CENIDH, en su informe anual. El pacto, sellado hace un año, introdujo cambios legales e institucionales mediante una reforma a la Constitución Política y a la Ley Electoral, y estableció importantes cuotas de poder para el gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PCL) y el opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). "A la sistemática violación de sus derechos económicos y sociales que padecen los nicaragüenses, vienen sumándose desde los últimos dos años violaciones selectivas y calculadas de sus derechos políticos", precisó el documento que recoge 1.409 denuncias sobre irrespeto a los derechos humanos. En su informe presentado a la prensa, el CENIDH sostiene que "la falta de oportunidades para superar una pobreza desesperante y un creciente cierre de los espacios políticos impiden tanto las salidas como la posibilidad de imaginarlas". "Todo lo que se decide lleva ya el indiscutible sello de la correlación de fuerzas de un pacto entre adversarios políticos dispuestos a todo, especialmente a excluir al resto de fuerzas políticas del país", mencionó el CENIDH. El organismo aludió a la exclusión de políticos opositores como el general Joaquín Cuadra, a cuya agrupación política le fue negada su inscripción para participar en las elecciones generales de noviembre próximo. El dirigente del Partido Conservador (PC-derecha), Pedro Solórzano, un potencial ganador de la alcaldía de Managua en las elecciones municipales de noviembre pasado, fue inhibido de participar mediante una redistribución geográfica que lo dejó habitando fuera de la capital. Solórzano declinó postularse como candidato presidencial en los próximos comicios, luego de que la Contraloría lo responsabilizó de una firma ilegal en un contrato millonario con la alcaldía de Managua, cuando era concejal, lo cual ha negado en reiteradas ocasiones. "Aunque la indignación crece en las conciencias, este sentimiento no se traduce aún en una organización que acumule poder y permita enderezar el incierto rumbo que hoy vive Nicaragua", subrayó el CENIDH. "El pacto ha establecido serios límites institucionales y legales al desarrollo de la democracia en Nicaragua. No será fácil superarlos o modificarlos con ninguno de los posibles resultados electorales que tengan las elecciones presidenciales del año 2001", advirtió el CENIDH. Aunque existe una oposición al pacto de parte de fuerzas políticas y sociales "no existe aún un liderazgo reconocido por todos ni un proyecto que los unifique", estimó el organismo de derechos humanos.
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