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REFLEXIONES
"Por una Comisión de la Verdad imparcial"
Carlos Christian Sánchez
"Perdonar y recordar, nunca olvidar". Esa frase me la enseñó un amigo que hace tiempo experimentó una frustración ante la impunidad de algunos militares chilenos, entre ellos el exdictador Augusto Pinochet, quien parece tener inmunidad perpetua para evitar ser condenado por las terribles atrocidades cometidas contra cinco mil personas, allá por los años 1973 y 1976. El periódico donde trabaja, "El Mercurio" de Chile, incluso temió por la vida de sus reporteros. Se "cuadró" a la línea derechista fascista, publicó notas contra los socialistas pro Allende y hasta en las esquinas de Santiago o Valparaíso, se leían grafitis diciendo que el diario mentía al negar las desapariciones. Como Chile, otros países vivieron crueles dictaduras militares. Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, fueron víctimas de los guardias violadores de los derechos humanos. Pero la culpa era de los servicios de inteligencia estratégicos de Washington, quienes "educaron a los soldados latinoamericanos", bajo la sombra de la Escuela de Las Américas y al surgimiento de regímenes socialistas como habían ocurrido en Cuba, Nicaragua o el mismo Chile, con Salvador Allende. Panamá, durante la oscura de 1968 a 1979, vivió bajo la sombra de la opresión. Yo no había nacido, pero sé por testimonios de algunos familiares de los desaparecidos que la democracia se exterminó, junto con el olvido a casi cincuenta personas que nunca se supo su paradero. Las lágrimas de las madres, los hermanos que perdieron a un compañero de sangre y las viudas siempre desearon saber el destino de sus seres queridos. Sólo el padre colombiano Héctor Gallego enfrentó la crisis y terminó siendo un símbolo mártir de los desaparecidos. Tal como sucedió en 1968, el derrocamiento del gobierno panameñista dirigido por el doctor Arnulfo Arias por parte de la Guardia Nacional, generó un cisma político social entre los ciudadanos istmeños. Los efectivos de la Fuerza Pública aprovecharon el desconcierto general en el país, tras décadas de incertidumbre popular. Se planteó una nueva opción; Omar Torrijos y su séquito instauraron un régimen semiabierto, con claros indicios de centro izquierda, propugnado por un "Proceso Revolucionario" y el patrullaje doméstico. Empero, muchos panameños y dirigentes políticos pro-democracia fueron desterrados del país, mientras que se comenzó la represión a simpatizantes panameñistas en el interior. La dictadura militar duró 21 años. Así como surgió, así cayó un 20 de diciembre de 1989, cuando las tropas estadounidenses invaden Panamá para destronar a Noriega, acusado por un tribunal de Miami por narcotráfico. Esa acción provocó la liberación de millones de panameños del yugo opresor militar, pero igualmente, causó la muerte de centenares de personas inocentes, además de miles de heridos. Recién en diciembre pasado, la presidenta Mireya Moscoso hizo una visita a una excavación en el excuartel militar de "Los Pumas" en Tocumen, para mostrar a la opinión pública nacional e internacional los restos de una persona muerta en los años de la dictadura. Propuso inmediatamente crear una "Comisión de la Verdad", compuesta por personas supuestamente independientes, que investiguen a fondo lo ocurrido en la dictadura. Está bien. Eso es bueno, pero hay una pregunta: Si se hace un comité nacional para investigar a los desaparecidos entre 1968 y 1979, ¿por qué no se indaga lo ocurrido el 20 de diciembre de 1989, cuando miles de panameños sufrieron en carne propia una agresión militar extranjera? Con todo el respeto para la Presidente arnulfista, se sugiere invitar a personas de todos los niveles sociales, políticos y hasta la sociedad civil real, para investigar tanto los hechos de las desapariciones en los primeros años de la dictadura militar panameña, además de dar con el paradero de centenares de ciudadanos que perecieron en la invasión. Seamos igualmente justos con los chorrilleros que perdieron todo en 1989, así como con los familiares de los dirigentes políticos y sociales víctimas de la dictadura.
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