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EDITORIAL
Entre lo legal y lo moral
Es la obligación del mando máximo de un Estado desarrollar una política de igualdad y gobernabilidad hacia todos los sectores del país, independientemente de la consigna política que representen.
Y justo en este tiempo de proselitismo electoral, de cara a las elecciones de mayo próximo, es cuando la cabeza del país debe mostrar el ejemplo para que se despeje cualquier duda, por más lejana que sea, de injerencia del gobierno en el proceso prístino de la democracia.
En esto no hay perdedero, pero ¿gana o pierde el país cuando nuestra actual presidenta dispone de su tiempo para apoyar al candidato de su elección?
Pues a pesar de que legalmente está en su derecho, luego de que el Tribunal Electoral (TE) le entregara la patente para poder ejercerse activamente en las actividades proselitistas, no escapa de la mandataria el hecho de poseer aún el solio presidencial y representar a toda la ciudadanía.
O es que puede la señora Mireya Moscoso dejar a un lado su camisa de presidenta de todos los panameños y luego, fácilmente, colocarse la de una mujer activa políticamente en las filas de su partido.
Sabemos claramente que los magistrados se basaron en comparar la presidencia de la República con los puestos de los legisladores, alcaldes y representantes, pero realmente no tomaron en cuenta que el cargo a presidente no se reelige, como en los otros casos.
Está claro que el Decreto del 20 de junio de 2003, expedido por TE, otorga ese privilegio, pero es bueno que se pregone con el ejemplo para que en las futuras contiendas no se repita la historia en espiral. Esta es una tarea de todas las bases de la sociedad y la consigna debe ser eliminar cláusulas como éstas que empañen la fiesta de los panameños.
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PUNTO CRITICO |
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