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Se crucifican tres ocupantes de la sede de la Cruz Roja en Bogotá
Agencias
Internacionales
Tres de los campesinos colombianos, desplazados por la violencia, que ocupan la sede en Bogotá del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se crucificaron este lunes para presionar la reanudación de las negociaciones con el gobierno, constató la AFP en el lugar. En improvisadas cruces elaboradas con maderos y tendidas sobre el pavimento de la calle frente al edificio del CICR, permanecen los tres labriegos en medio del resto de hombres, mujeres y niños que continúan la ocupación que iniciaron hace 20 días. Los tres campesinos explicaron haber tomado esa decisión ante la actitud del gobierno que -dicen- continúa dilatando la situación sin darle una "real y efectiva solución al problema de los desplazados". El pasado jueves las negociaciones entre el gobierno y los ocupantes del CICR se rompieron, al tiempo que el organismo internacional humanitario reanudó parcialmente sus actividades en Colombia, suspendidas tras la ocupación por la fuerza de su sede en Bogotá, el pasado 4 de enero. Según Guillermo Casasbuenas, subdirector de la Red de Solidaridad Social (organismo oficial de atención a los más pobres), quien encabeza el equipo negociador del gobierno, las negociaciones se rompieron porque "los campesinos decidieron abruptamente romper el esquema de trabajo". Sin embargo, los campesinos aseguran que es el gobierno el que no ha querido darle una solución "definitiva" al problema de los desplazados por la violencia. "Seguiremos en la lucha porque nosotros lo que queremos es una solución definitiva, no limosna, porque no somos mendigos sino desplazados", arengó uno de los líderes de la toma a sus compañeros. El gobierno colombiano del presidente Andrés Pastrana adelantaba las negociaciones con los ocupantes del CICR desde el pasado 6 de enero, dos días después de que inicialmente un centenar de personas, que reivindicaban su condición de desplazados por la violencia, ingresaron por la fuerza al edificio. Los labriegos tomaron las oficinas del CICR para presionar por la atención del gobierno sobre su difícil situación socioeconómica, que según aseguran, no ha sido solucionada pese a que una ley obliga al Estado a hacerlo. La cifra inicial de ocupantes aumentó con el paso de los días a unos 300, que permanecen dentro de la edificación y frente a ésta. En la calle se encuentran hacinados hombres, mujeres y niños, que duermen en el pavimento protegidos precariamente de la lluvia por improvisadas carpas levantadas con plásticos, pasan el día y cocinan en una fogata comunitaria de leña. Según los seis voceros de los campesinos encargados de las negociaciones, representan las demandas de 1.200 desplazados. Aunque antes que se rompieran las negociaciones se habían logrado algunos avances en cuestiones de alimentación y asistencia en salud a los campesinos que ocupan el local y que ya reciben esa atención por parte del Estado, no han cedido en sus demandas económicas. Pretenden que el gobierno otorgue a cada familia de desplazados 30 millones de pesos (unos 15.424 dólares), para el desarrollo de proyectos de producción que les permitan subsistir. Pero el gobierno les ofrece un paquete conjunto de ayuda económica para el desarrollo de esos proyectos, pero en forma comunitaria. También exigen soluciones de vivienda urbana, educación escolar gratuita para sus hijos, y que la atención en salud se mantenga durante tres años. Además piden la conformación de un comité de observación sobre los acuerdos a que lleguen con el gobierno, que proponen sea integrado por funcionarios gubernamentales, de distintos organismos oficiales de control, miembros del CICR, de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, así como diplomáticos de Bélgica, Cuba, España, Suiza y Venezuela, destacados en Bogotá.
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