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Crisolio Isarama, coordinar del grupo indígena, manifestó que lo acontecido con los moradores de Paya y Púcuro constituye una violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas Kunas, Emberá, Wounan y negras del Darién.
"La coordinadora indígena no puede guardar silencio ante la injusticia y ausencia de protección que han sufrido y sufren las comunidades indígenas de Púcuro y Paya", señaló.
El dirigente señaló que desde 1990 han denunciado la incursión de colombianos armados a la región fronteriza del Darién, pero en los últimos meses ha recrudecido las incursiones violentas armadas de grupos colombianos a territorio panameño.
"Sobre la Policía Nacional, doy a conocer a la ciudadanía que el director de la institución es el que se ha pasado de la vista gordo, cuando dice que en la región fronteriza no ha sucedido nada", añadió.
La COONAPIP, en un manifiesto conjunto, responsabiliza al Estado colombiano por la incursión de paramilitares en nuestra frontera y de las acciones de estos grupos que son toleradas por los altos funcionarios del gobierno de ese país, producto de la implementación de denominado Plan Colombia, financiado por los Estados Unidos.
"Ningún gobierno nos han hecho caso y solicitamos la intervención de organismos internacionales y diplomáticos para garantizar la seguridad en la provincia", dijo.
Los integrantes del congreso indígena denunciaron al gobierno nacional la inseguridad física y social a la que han estado expuesta la población de la región y como consecuencia la violencia silenciosa y la violación de los derechos humanos de las comunidades fronterizas por parte de grupos armados colombianos y la posición intransigente del directo de la Policía Nacional de no proveer seguridad a dichas comunidades.
Esta coordinadora indígena es una instancia de los Congresos Generales Indígenas de Panamá y miembro del Consejo Indígena de Centroamérica y la misma tiene como deber la custodia de los intereses indígenas en todo el país. |