A más de 500 ex funcionarios del Ministerio Público (MP), la institución le adeuda una fuerte suma de dinero en concepto de vacaciones acumuladas y que fueron despedidos en las administraciones de José Antonio Sosa, Ana Matilde Gómez y Guiseppe Bonissi.
Se pudo conocer que entre los destituidos hay ex fiscales y funcionarios administrativos que al momento de ser despedidos tenían hasta diez años de servicio dentro de la institución y no recibieron el respectivo pago de sus vacaciones acumuladas.
Una alta fuente del MP que fue consultada detalló que "mal pueden los ex procuradores Gómez y Bonissi exigir que se les cancelen sus vacaciones, cuando ellos no respetaron los derechos de servidores públicos que bajo su administración fueron destituidos, sin tomar este punto en cuenta".
La fuente precisó que en estos momentos se encuentran analizando la cuantía que se le adeuda a estas personas a fin de hacerle frente al pago, pero al mismo tiempo precisó que es muy alta.
Se conoció que solamente a Gómez se le adeuda, 40 mil dólares, y a Bonissi 10 mil.
