Dalvis Xiomara Sánchez, ex secretaria administrativa de la Presidencia, se enfrentó ayer, jueves, al inicio de la audiencia por el sonado caso de los duro-dólares.
La investigación contra Sánchez se dio después de que ella interpusiera una denuncia porque supuestamente había sufrido un hurto en su residencia de 35 mil dólares.
Tiempo después, la Contraloría determinó que se podría estar frente a la figura del supuesto delito de enriquecimiento injustificado, luego de que un audito realizado determinó que la ex funcionaria no podía justificar cierta cantidad de dinero que tenía en su poder.
Para el abogado defensor de Sánchez, Rogelio Cruz, la ex procuradora, Ana Matilde Gómez, presentó en su momento una denuncia por enriquecimiento injustificado, sin la prueba sumaria tal como lo establece la ley de 1999, que es importante para investigar ese tipo de delito.
Explicó que el contralor de turno pidió evaluar la capacidad de ahorro de su cliente entre el 2000 y agosto de 2002 que fue cuando se registró el hurto en su residencia y se demostró que tenía la capacidad para ahorrar 35 mil dólares.
Según Cruz, los auditores de la Contraloría no cumplieron con lo señalado en la resolución que emitió la institución.
