El gabinete optó por reducir a la mitad el porcentaje de los ingresos corrientes del Gobierno Central asignados al subsidio electoral. Sin duda que genera mala imagen al común de los panameños que se destinen fondos públicos para financiar a los partidos políticos, que anualmente reciben algo más de $4 millones del Estado.
El subsidio electoral surgió en 1997 y fue en las elecciones de 1999 que entró en funcionamientos. La idea era prevenir la filtración de dinero ilegal en las campañas electorales. En las campañas de 1984, la de 1989, la de 1994 y la más reciente del 2009 hubo denuncias de penetración de dinero del narcotráfico o de potencias extranjeras a favor de candidatos presidenciales.
El subsidio es una herramienta de las llamadas democracias modernas, pero el problema es que con frecuencia, en vez de fomentar la educación cívica de los electores, sirve para cubrir los salarios de la cúpula de un partido cuando dejan la burocracia estatal.
Aún con la reducción de 1% a 0.5%, la suma destinada al subsidio es sustanciosa y se estima que será de $17 millones de aquí al 2014, aparte de que hoy en día hay menor cantidad de partidos. Ahora el 75% del monto será utilizado en los gastos del funcionamiento y el 25% al Instituto de Capacitación de Formación Política adscrito al Tribunal Electoral.
Lo cierto es que a través de la llamada capacitación que adelantaban algunos partidos se le metían goles al Tribunal Electoral con actividades inventadas, honorarios, gastos de participación en cursos y conferencias dictados por terceros y, sobre todo, en salarios y servicios profesionales.
Con toda la reducción planteada, se deben reforzar los procesos de fiscalización de los gastos, porque se tratan de fondos que provienen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos y sobre los cuales debe haber rendición de cuentas.