El arresto domiciliario de un exmandatario es un hecho que no se registra en décadas en Panamá. La medida aplicada por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado contra el expresidente Ernesto Pérez Balladares dentro del marco de una investigación por presunto lavado de dinero proveniente de actos tildados de corruptos, no tiene precedentes en el país.
Pérez Balladares acudió ayer por segunda ocasión a la Fiscalía, pero adujo los mismos argumentos para no adelantar su indagatoria: no respondería el interrogatorio del fiscal José Ayú Prado hasta tanto no se resuelvan una serie de incidentes y recursos presentados ante diversas instancias judiciales.
Se perdió así la oportunidad de conocer los descargos frente a los señalamientos que lo vinculan a la sociedad Shelf Holding Inc., que presuntamente recibió de forma constante fondos de la empresa de juegos Lucky Games, que fue beneficiada durante el gobierno de Pérez Balladares, de la concesión para operar 500 máquinas tragamonedas.
Pero al mismo tiempo es cuestionable que las diversas instancias judiciales no hayan definido los recursos interpuesto por la defensa del expresidente. Frente a un caso de alto perfil, se hace necesario definir las cosas, porque la demora sólo alimenta el morbo y afecta el avance de cualquiera investigación.
Panamá vive momentos especiales. Hay una exigencia popular para investigar casos sospechosos de corrupción, pero los procesos se deben adelantar de manera objetiva y no con el afán de fregar al adversario político. Si tenemos fiscales y jueces imparciales para ésta o cualquiera otra investigación el país saldrá ganando, pero si se permiten presiones externas, entonces estamos fregados.
