El ex mandatario Ernesto Pérez Balladares adelantó un día su comparecencia ante la Fiscalía contra el Crimen Organizado. A las 8:25 a.m. de ayer se sentó frente al despacho del fiscal José Ayú Prado para continuar la indagatoria iniciada el 29 de diciembre. "El Toro" no dijo mayor cosa y repitió lo mismo de su anterior comparecencia: que esperaba que los tribunales resolvieran una serie de recursos interpuestos por sus abogados.
La diligencia culminó a las 8:45 con un Ayú Prado rojo por la tensión y un Pérez Balladares con rostro preocupado. El Fiscal optó por dictarle una medida de arresto domiciliario e impedimento de salida del país por el proceso por presunto lavado de dinero proveniente de actos de corrupción.
Ernesto Pérez Balladares de manera firme, pero con cortesía alegó que las medidas cautelares y el proceso eran injustos. Se procedió a su notificación y de inmediato, un subcomisionado y un subteniente de la Policía lo invitaron a abordar un vehículo de la Fiscalía que lo condujo hasta su casa en la calle República de la India N.º 18, en Altos del Golf. Al ex gobernante no se le permitió viajar en su auto.
La custodia en las afueras de la residencia de Pérez Balladares estará a cargo de agentes del SPI y de la DIJ.
El ex Presidente es investigado por su vinculación con la sociedad Shelf Holding Inc., que presuntamente recibió fondos de la empresa Lucky Games S.A., que en 1996 -durante la administración de Pérez Balladares- había logrado una concesión para explotar 500 máquinas tragamonedas.
"Tomamos la decisión de adoptar ciertas medidas cautelares para la salud procesal del expediente, entre ellas el impedimento de salida del territorio nacional y la obligación de Pérez Balladares de mantenerse recluido en su casa", dijo Ayú Prado.
El Fiscal señaló que ni el ex gobernante ni los otros imputados han presentado sus descargos en las dos oportunidades que se les ha dado.
Ayú Prado afirmó que no ha recibido ni presión ni injerencia por parte de la procuradora, Ana Matilde Gómez, ni del Ejecutivo. "Estamos actuando con independencia y autonomía", aseguró.
Carlos Carrillo, uno de los abogados del ex mandatario, calificó como "una burla" la decisión del Ministerio Público, porque, según él, el Fiscal no tiene competencia para dictar medidas de restricción.
Ernesto Pérez Balladares denunció a mediados de diciembre ser víctima del "terrorismo judicial" y de una "persecución política".
La investigación contra el ex mandatario y otras siete personas consta de 19 tomos de 400 páginas cada uno.
HABLA LA DEFENSA
Los abogados Carlos Carrillo y Rogelio Cruz presentaron ayer otro recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema y una solicitud de reconsideración de las medidas adoptadas por el Fiscal.
La defensa de Pérez Balladares aguarda la resolución de dos amparos de garantías constitucionales que deben ser resueltos por los magistrados José Abel Almengor y Víctor Benavides.
Cruz afirmó que el presidente Ricardo Martinelli es la única persona en el país con el poder y la capacidad de presionar a la jefa del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez, y a sus subalternos, entre ellos, el fiscal Ayú Prado.
Para los abogados del perredista, Ayú Prado engañó con dolo al pleno de la Corte Suprema de Justicia al esconder sus intenciones de imponer una medida cautelar como en efecto se ejecutó.
Carlos Carrillo alegó que deliberadamente el fiscal Ayú Prado atiende un caso si tener la competencia debida, ya que actuó sin esperar la decisión del Segundo Tribunal de Justicia ante un recurso de conflicto de competencia entre los jueces quinto y noveno.
El equipo legal del ex Presidente alertó que el caso en contra de su representado está sustentado en aspectos políticos y no jurídicos. Para ello, afirmaron que al ex mandatario se le aplica con carácter retroactivo los efectos de una ley que entró en vigencia en el año 2000 sobre hechos acontecidos en 1996 en un intento desesperado de que factores extraprocesales influyan en la investigación.
