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Los legisladores juveniles fueron elegidos por el voto popular en cada uno de sus planteles educativos.  |
Las Asambleas Juveniles iniciaron una nueva etapa en el conocimiento de la labor que se realiza en el palacio Justo Arosemena al instalar de manera formal 17 de las 21 comisiones permanentes.
Los jóvenes, que actuarán en completa libertad dentro de las comisiones permanentes durante los próximos cinco días, conocerán en primera instancia aspectos relacionados con la formulación de los proyectos de ley, las iniciativas legislativas y las regulaciones existentes en materia de protección y fomento de las entidades bancarias, comerciales, financieras, así como de la micro, pequeña y mediada empresa.
Los 71 estudiantes que reemplazan a los legisladores provienen de las provincias del país y fueron seleccionados por el voto popular en cada uno de sus planteles educativos.
Los presidentes de las comisiones instaladas son:
CREDENCIALES: Ana Domínguez, del Colegio Moisés Castillo Ocaña. GOBIERNO: Dayana González, del Instituto Bilingue de Cerro Viento. OBRAS PUBLICAS: Nelly Flores, del Instituto Justo Arosemena. COMERCIO E INDUSTRIAS: Laura Vélez, del colegio Saint George. PRESUPUESTO: Leyda Polanco, del colegio María Auxiliadora. HACIENDA: Yasiris Castillo, del colegio Félix Olivares. CONTROL Y ERRADICACION DE DROGA Y EL NARCOTRAFICO: Michael Henry, del colegio El Buen Pastor. ASUNTOS DE LA MUJER, EL NIÑO Y LA JUVENTUD: Carmen Espino, de la Escuela IPT de Metetí. POBLACION, AMBIENTE Y DESARROLLO: Juan Rivas, del Instituto David. DERECHOS HUMANOS: Carlos Cabrera, del Colegio San Antonio, de Puerto Armuelles. TRABAJO: Jaeljatin Jaén, del Colegio San José de La Salle, de Colón. ASUNTOS DEL CANAL: Guillermo Alvarez, de La Salle. EDUCACIÓN: Raúl Caballero, del Colegio Clestine Freinet. ASUNTOS AGROPECUARIOS: Hugo Castillo, del Colegio Mariano Prado, de Natá. ASUNTOS INDIGENAS: Javier Becker, de la Escuela Normal de Veraguas. SALUD: Cindy Araúz, del Octavio Crespo de Bugaba.
Las asambleas juveniles buscan de un nuevo liderazgo político que exprese la plena vigencia de los principios éticos y morales en el quehacer político, además de facilitar a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el funcionamiento de la Asamblea. |
