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Fiscal no niega que exista plan de exterminio contra delincuentes
Caracas
EFE
El fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, aceptó la existencia de una "política de exterminio" contra los delincuentes por parte de la policía, como lo han denunciado organismos de derechos humanos y algunos abogados. Con la seguridad de quien conoce la ley y las múltiples causas que cavaron el pozo de "impunidad" en el que está la justicia venezolana, Isaías Rodríguez aseguró a EFE que es posible que algunos funcionarios policiales estén "tomando la justicia" por su mano y, por ende, generando más violencia. Las cifras delictivas en el país hablan por sí solas: más de 7.000 muertes violentas y más de 2.600 violaciones durante al año pasado, y, aún más cerca, tres menores de edad asesinados el lunes pasado por balas perdidas, evidencian que la violencia "desbordó" la capacidad estatal de administrar justicia y prevenir el delito. La presencia de "escuadrones de la muerte" no es nada nuevo en Venezuela, pues hace ya casi veinte años existió el tristemente célebre caso de los pozos de la muerte en el estado Zulia, al oeste del país, donde se encontraron una cantidad indeterminada de cadáveres de personas desaparecidas. Y es por ello que la Fiscalía General no descarta este hecho, "no las niego, porque es una práctica de todas las policías del mundo, no solamente de aquí", estimó Rodríguez, con lo cual el propio Gobierno reconoce que los derechos humanos están "afectados". "Esa política en el país es vieja. En todos los lugares del mundo las policías, sin tener instrucciones determinadas por parte del Estado, acuden a veces a esas prácticas", reconoció el nuevo fiscal general, hasta hace dos semanas vicepresidente de Venezuela. La posición del fiscal permitiría afirmar que a las muertes violentas que se producen en Venezuela, 60 como promedio cada fin de semana, se suma esta supuesta acción policial, aún no confirmada por el Gobierno. "Los funcionarios (policías), y con esto no estoy señalando que exista una política determinada, en algunas acciones policiales actúan y resuelven, por vía de una decisión personal, tomarse la justicia por sí mismo", afirmó Rodríguez. Agregó que en estos casos "los policías asumen la condición de jueces, imponen y ejecutan una pena que la Constitución Bolivariana de 1999 prohíbe", que es la pena de muerte. Actualmente dos funcionarios de la Fiscalía están averiguando la existencia de un supuesto "plan de exterminio" por parte de la policía, denunciado reiteradamente por la presidenta de la organización de derechos humanos COFAVIC, Liliana Ortega, y expresado por algunos abogados independientes en periódicos locales. La organización no gubernamental pro derechos humanos PROVEA, la más importante de Venezuela, afirmó recientemente en su informe anual que 170 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad, de las cuales 116 murieron bajo el patrón de ejecución, el de mayor incidencia desde 1989. Para el fiscal, la colaboración y participación de la comunidad es clave para "prevenir" ésta situación que "afecta a los derechos humanos y no puede ser una política legal permitida por ningún Estado. "Para prevenirlo necesitamos la participación de las comunidades, que pueden dar pistas para darle seguimiento a esto, poner al descubierto esa situación y enfrentarla". El fiscal animó a los venezolanos a que denuncien "sin miedo" las irregularidades de las que sean testigos, asegura que lo ideal es que la comunidad "se convierta en informante" para poder abrir averiguaciones. En este "parte de guerra" que viven a diario los venezolanos y del cual el Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, aún no ha dictado políticas efectivas, son los niños uno de los colectivos más afectados, pues cada semana mueren al menos dos niños víctimas de los enfrentamientos entre bandas armadas en el país. La violencia ha situado a Caracas, una urbe de cinco millones de habitantes con un gran componente de marginalidad, como la sexta ciudad más peligrosa del mundo, según la Agencia Nacional de Seguridad.
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La violencia ha situado a Caracas, una urbe de cinco millones de habitantes con un gran componente de marginalidad, como la sexta ciudad más peligrosa del mundo, según la Agencia Nacional de Seguridad.
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