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Inician excavación de tumba clandestina de fusilados en Chile
Santiago
AFP
Una supuesta fosa común de presos políticos asesinados durante la dictadura chilena del general Augusto Pinochet comenzó a ser excavada este viernes en un paraje rural 40 km al oeste de Santiago, observaron corresponsales de la AFP. La tumba escondería la sepultura clandestina de cinco o seis militantes comunistas detenidos en la capital por agentes secretos en los comienzos del régimen militar (1973-90). El entierro se ubicaría en una profunda hondonada entre dos cerros de la llamada Cuesta Barriga, junto a una carretera antigua entre Santiago y el puerto de Valparaíso. Una enorme columna de polvo roji-amarillo se levantó en el sitio hacia las 10H00 de la mañana local (13H00 GMT), bajo un sol abrasador, cuando una cuadrilla de voluntarios del Cuerpo de Bomberos, dotada de palas y sierras, cortó arbustos y erradicó malezas al comenzar la faena, en presencia del juez Héctor Carreño, designado investigador por la Corte Suprema. A la misma hora, Pinochet, ex jefe del Ejército y actual senador, ingresaba al Hospital Militar santiaguino, para una tercera jornada de exámenes médicos sobre su mala salud, que podrían condicionar la prosecución de juicios que encara por las violaciones de los derechos humanos bajo su Gobierno. La existencia de la fosa de Cuesta Barriga fue mencionada en informes recibidos el 5 de enero por el gobierno del Presidente Ricardo Lagos y que precisarían el destino fatal de unos 180 detenidos desaparecidos en la época pinochetista. Según una versión del Ministerio del Interior, 151 de esas víctimas fueron arrojadas al Pacífico, ríos y lagos después de los homicidios. Los antecedentes fueron reunidos en los pasados seis meses, tras un entendimiento suscrito por la llamada Mesa de Diálogo Cívico Militar que se instaló en 1999. Los datos, suministrados principalmente por ex miembros y funcionarios activos de las fuerzas armadas y la policía de Carabineros, los canalizaron la masoneria y las iglesias Católica, Judía y Evangélica, al amparo de una ley que garantizó secreto a los informantes y testigos de los ilícitos.
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Los datos, suministrados principalmente por ex miembros y funcionarios activos de las fuerzas armadas y la policía de Carabineros, los canalizaron la masoneria y las iglesias Católica, Judía y Evangélica, al amparo de una ley que garantizó secreto a los informantes y testigos de los ilícitos.
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