La polémica surgida por el contrato del Tribunal Electoral con la empresa L-1 Identity Solutions Panamá, S.A, no refrendado por la Contraloría General de la República, no significa que existan direfencias entre ambas dependencias, aseguró ayer el contralor Carlos Vallarino.
Dicho contrato fue otorgado de manera directa a la empresa de capital estadounidense, el pasado mes de diciembre y era por un monto de 3 millones 695 mil dólares, en el cual se garantizaba el nuevo sistema de identificación personal.
"No existe ninguna disputa ni ningún tipo de presión por parte de los magistrados, ya que nosotros hemos emitido nuestros conceptos con el mayor respeto hacia ellos", precisó el Contralor.
