NACIONALES


Defensor del Pueblo fue al MOP a buscar expedientes del caso PYCSA

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Minerva Bethancourth
Crítica en Línea

Tras una evaluación a la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Obras Públicas (MOP) la Defensoría del Pueblo recopiló documentos y sacó copias de planos relativos a los trabajos de inspección sobre la construcción de la segunda fase del Corredor Norte, donde el desplome de un muro provocó la muerte de tres menores de edad y así continuar con la investigación.

El defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada calificó en un principio de hostil y entorpecedora la acción del director nacional de inspección del MOP, Juan Ramón Abad tras solicitar una información que a su perecer fue negada.

La diligencia estuvo encabezada por Jorge Fabián Gutiérrez, Director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos; Guillermo Ríos Valdés, Director de Acciones y Recursos Judiciales; Alejandro Hernández, Ingeniero de la Defensoría; y Luis Carlos Navarro, Oficial de Derechos Humanos.

Tejada sostuvo que la diligencia obedeció a la "evasiva" respuesta recibida por el vocero de la oficina en cuestión.

Precisó durante la vista se logró la recopilación de expediente que mantiene el MOP sobre la construcción de la segunda fase del Corredor Norte, documentos que contribuirán a ampliar la investigación que adelanta la Procuraduría de los Derechos Humanos.

En tanto el director nacional de inspección, Juan Ramón Abad, rechazó ayer los señalamientos del defensor y se ofreció a colaborar en las investigaciones que adelanta la Defensoría del Pueblo en conjunto con otras dependencias del ministerio.

MOP DA SU PARTE

El Ministerio de Obras Públicas, ante la información divulgada por la Defensoría del Pueblo, con respecto a solicitud presentada en la Dirección Nacional de Inspección, hace de conocimiento público lo siguiente:

  • El 17 de diciembre de 2003, la Dirección Nacional de Inspección recibió la nota D.O.PRO.D.H. Nº361-03, que contenía una solicitud de información, por parte de la Defensoría del Pueblo, sobre las funciones de esa Dirección en el Proyecto de Construcción del Corredor Norte, Segunda Etapa.

  • La Dirección Nacional de Inspección, mediante nota DNI-5532-03 de 23 de diciembre de 2003, dio respuesta a la solicitud presentada por la Defensoría del Pueblo.

  • Hasta el día 29 de diciembre de 2003, ninguna instancia del Ministerio de Obras Públicas, incluyendo la Dirección Nacional de Inspección, recibió solicitud alguna de ampliación, o interés por mayor información por parte de la Defensoría del Pueblo.

  • En la mañana del 30 de diciembre de 2003 se tuvo conocimiento, a través de los medios de comunicación, que la Defensoría del Pueblo realizaría una diligencia de inspección. Hasta esta fecha no se ha recibido ninguna notificación ante el Despacho Superior o cualquier otra instancia sobre la supuesta actuación "hostil y entorpecedora".

  • La diligencia de inspección, por parte de la Defensoría del Pueblo se realizó con la total colaboración de la Dirección Nacional de Inspección.

  • Lamentamos que se llevara a cabo la diligencia sin que se agotaran los medios que provee la Ley y que en otras ocasiones han sido utilizados, tales como solicitudes de ampliación, nueva información o información específica, dado el gran volumen de documentos que genera este proyecto.

  • Hacemos pública nuestra sorpresa por el intempestivo procedimiento utilizado por la Defensoría del Pueblo, máxime cuando el señor Defensor del Pueblo ha recibido la seguridad del compromiso institucional que las investigaciones que se realicen sobre los lamentables hechos ocurridos el pasado 14 de diciembre de 2003, contarán con el pleno apoyo del Ministerio de Obras Públicas y de todo su personal.

  • Reiteramos el compromiso institucional asumido con las investigaciones que las instancias previstas por la Ley dispongan y con el deber de informar a la ciudadanía sobre los avances y resultados de las mismas. Al tiempo que confiamos que estas se adelanten alejadas de cualesquiera consideraciones de tipo político o propagandístico. Panamá, 30 de diciembre de 2003.

 

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