La empresa mexicana ICA que construyó y opera en Panamá una autopista de peaje invocó ayer el Estado de derecho ante el secuestro de parte de su capital por diferencias con las autoridades fiscales de este país.
Según ICA (Ingenieros Civiles Asociados), la medida cautelar ante lo que consideran "presuntos delitos fiscales" que se están dirimiendo en los tribunales panameños, "emite una mala imagen para los inversionistas que han depositado su confianza en Panamá".
En un comunicado hecho público, la empresa señala que las diferencias parten de "un malentendido" por "el criterio adoptado para el cálculo de la renta gravable" de sus operaciones en el país, donde está afincada desde 1996.
La empresa asegura haber cumplido con sus obligaciones fiscales rigurosamente y considera "innecesaria y excesiva" la medida cautelar en su contra, el secuestro de dos millones de dólares, según versiones de la prensa local que no han corroborado las partes implicadas.
