El proyecto de los autobuses articulados o "Transmilenio" puede no concretarse en el año 2007, porque no hay presupuesto para el mismo, según señalan voceros de la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional.
Según el legislador Luis Carlos Cleghorn, los 30 millones de dólares contemplados inicialmente para la realización de la primera línea troncal de prueba del Transmilenio (por la Transístmica) nunca fue utilizado por el actual Gobierno y ni siquiera aparece en el proyecto de presupuesto del próximo año. "No se hizo nada con esos 30 millones de dólares adjudicados al Ministerio de Obras Públicas. Se volaron la plata para otra partida. No hay ningún real para construir el Transmilenio".
Cleghorn participa en las reuniones para la búsqueda de una solución a la problemática del transporte colectivo.
Las declaraciones de Cleghorn surgen luego que los dirigentes transportistas Luis Rodríguez y Hugo Polo han cuestionado la ejecución del proyecto de los buses articulados que defiende el Gobierno.
Los transportistas afiliados a la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA) destacaron la viabilidad de instalar en la ciudad de Panamá un tren ligero o un monorriel, puesto que sería beneficioso para los usuarios, menos traumático para la urbe y hasta permitiría la participación de los conductores en el sistema ferroviario.
Angelino Harris, ex directivo de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), sugirió descartar el proyecto de un tren ligero por ser, según él, más costoso que los buses articulados.
"Hacer el Transmilenio sería más barato que construir el tren ligero, pero al usuario panameño está comprobado que le costará más barato el uso del tren que el bus articulado", destacó el diputado panameñista Cleghorn sobre las contradicciones financieras acerca de uno y otro sistema de transporte.
COSTO
Según estudios de la ATTT, el costo del Transmilenio sería de 94.6 millones de dólares. Sin embargo, arquitectos e ingenieros consultados por "Crítica" denunciaron que el proyecto de los buses articulados puede elevarse a cerca de 200 millones debido a las indemnizaciones y a complicaciones estructurales del sistema aplicado en Colombia.