El diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Diputados, Rogelio Paredes, es el promotor principal del proyecto de ley que le da una serie de beneficios impositivos a las empresas que emplean a determinados reclusos.
La idea es reducir el número exagerado de presos que permanecen recluidos en las cárceles panameñas. La verdad es que cuando vemos por la televisión parte de la cruda realidad de nuestras cárceles, uno comprende la desesperación de los presos extranjeros por ser sujetos de extraditación y no poder seguir pagando los años de cárcel en sus países de origen. De igual forma uno comprende mejor, el drama de algunas novelas como la francesa Papillon.
Pero, esta iniciativa parlamentaria, que está acorde con el espíritu de la Comisión de Derechos Humanos, podría conjugarse con la aspiración de la Secretaría Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (SENADI), de fomentar el respeto fraternal hacia los cientos de miles de personas que en Panamá viven con significativas limitaciones.
Al respecto, gobiernos de algunos países latinoamericanos, están analizando subsidiar el empleo para discapacitados y ofrecer una serie de beneficios a las empresas que contraten a estas personas. El Ministerio de Trabajo de Chile, por ejemplo, pagará cierto monto de dinero en forma directa al trabajador y al empleador que se adhiera al programa, pondrá la diferencia que haga falta para alcanzar el salario convenido.
