Ahora que el Estado enfrenta una estrechez fiscal sería una adecuada decisión eliminar el subsidio electoral que reciben los partidos políticos.
En buena ahora se ha presentado un proyecto en ese sentido para que sea discutido en la Asamblea Nacional.
No es posible que se le pretenda aumentar las cuotas que aportan los trabajadores a la Caja de Seguro Social o se contemplen aumentos a los impuestos de los contribuyentes, pero muy graciosamente se le otorgan casi 20 millones de balboas a organizaciones que tienen una gran fama de corruptos.
Sobre el subsidio electoral prácticamente no hay control previo y el Tribunal Electoral mantiene una posición complaciente ante los gastos que le presentan los colectivos políticos.
Para colmo de males, muchos de los gastos de capacitación y formación ideológica que son cubiertos con el 40% del aporte del Tesoro Nacional, se utilizan para eventos deliberativos y de decisión, que no guardan relación con los propósitos que establece la reglamentación.
Además con dicho subsidio se paga la planilla de directivos, algunos de ellos servidores públicos, que entonces quedan percibiendo dos ingresos provenientes de los fondos estatales. En otros casos, el subsidio sirve para emplear a los burócratas que salen del engranaje gubernamental y no quieren perder una fuente de ingreso. Cuando se habla de sacrificios, los políticos deben aportar su cuota y liberar al Estado de esa carga que representa el subsidio electoral.