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TEMAS DE ACTUALIDAD
Autonomía
Alfonso Zamora Valdés
El panameño común se pregunta ¿si en la Constitución Nacional, existe algún articulado que le permita por encima de las leyes, a un o una Presidenta, ejercer el mandato popular?. Cómo poder entender que se hayan hecho instituciones por encima de un período presidencial y en donde estas instituciones puedan formular políticas que vayan contra el programa que fue votado electoralmente. Estas preocupaciones vienen a raíz de la famosa "Ley Chorizo" que pretende eliminar una serie de instituciones, Ente Regulador de los Servicios Públicos, CLICAC, ARI, Autoridad Marítima Nacional y el Registro Público. Es decir, que cómo se pueden crear leyes que violen la misma Constitución Nacional, porque se va contra la propia esencia de la soberanía nacional. Al pueblo le cuesta entender por ejemplo, cómo el Ente Regulador de los Servicios Públicos, puede respaldar un alza en la luz eléctrica, sin consultar la política gubernamental, y lo que es más difícil, que el Ejecutivo no tenga algún tipo de recurso legal e institucional para frenar este tipo de medida. Por eso, es interesante preguntarle a los doctores César Quintero, Italo Antinori, Miguel Antonio Bernal, al Colegio de Abogados, Corte Suprema de Justicia y Procuraduría de la Administración, si se puede crear un Estado dentro de otro Estado, que a la vez sirva para crear la desestabilización o el desbordamiento de una nación. En la creencia popular existe la idea que previo al llegar al 1º de septiembre de 1999, el gobierno saliente prepararía "minas" para obstaculizar la labor del gobierno y retrasar las respuestas sociales a que tanto aspiran las masas empobrecidas del país, y pareciera que este paquete de instituciones, con períodos más allá del gobierno de cinco años, constituyen las limitaciones más fuerte a las que ha tenido que enfrentar el actual gobierno. Este caso de las instituciones fuera del encause normal, debe ser llevadas a un gran debate y a una gran reflexión nacional, para demostrar que también a través de la ley se socavan las estructuras democráticas del país. Creemos que el gobierno debería invitar a juristas internacionales a que debatan esta experiencia que podría ser adjuntada a un capítulo de Cien Años de Soledad.
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