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EDITORIAL
Renuncia de magistrados
Aunque algunos sectores reclaman, con alguna razón, la renuncia de los magistrados del Tribunal Electoral, debido al escándalo desatado con la desaparición de 35 mil tarjetas bases para le emisión de cédulas de identidad personal, resulta peligroso adoptar una decisión de esa índole, faltando poco más de un año para las elecciones del 2004.
A pesar que los magistrados tratan de tomar distancia de lo sucedido con las cédulas controladas por el proveedor Unisys World, no pueden obviar el grado de responsabilidad que tienen.
Los encargados de una institución tienen su grado de responsabilidad, ya que se habla que los documentos en mención permanecían desde hace varios años en los depósitos de Unisys, hasta hace poco, cuando se descubrió que eran vendidos por un colombiano.
Los documentos de identidad personal constituyen material de seguridad nacional en cualquier país, por lo que los controles deben ser efectivos, para evitar que se utilice ese material para propósitos delictivos o para un fraude.
A pesar de la gravedad de la situación, sería incorrecto sustituir a los actuales magistrados, que aunque provienen de las filas de los partidos políticos, han garantizado la pureza de las elecciones panameñas y la inmensa tarea de recedular a 700 mil panameños.
Tomando la experiencia de lo sucedido con las designaciones de los últimos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sería casi imposible evitar una mayor influencia política, al momento de nombrar a nuevos integrantes del Tribunal Electoral.
Claro que en el país existen personas independientes que pueden desempeñarse como magistrados del Tribunal Electoral, pero hay que ser realistas, las fuerzas políticas volverían a colocar sus fichas en la Corporación y frente a ese hecho hay que recordar el dicho: "vale más un mal conocido, que un bueno por conocer".
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PUNTO CRITICO |
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