La juez Segunda Penal de Managua, Adela Cardoza, les impuso penas de 30 años de cárcel y multas millonarias a los procesados por narcotráfico Frank Oviedo, José Domingo Molina y al panameño Diógenes Estribí Serrano; mientras que a Félix Castro Hernández le impuso 22 años de prisión.
La judicial también se dio gusto repartiendo todos los bienes que se les incautó a los procesados.
A la Procuraduría General de la República (PGR) le asignó un total de 37 propiedades que los acusados de narcotráfico tenían en diferentes municipios del país.
Unos 800 animales, entre terneros, vacas con sus crías, venados, caballos andaluces y peruanos, toretes y otros, le fueron asignados al Ministerio Agropecuario y Forestal.
Según la sentencia de la juez Cardoza, tanto las propiedades como los animales fueron encargados a la PGR y el Magfor por ser las instituciones que representan el Estado, tanto en el tema de la propiedad como en el agropecuario.
