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El Presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, recomendó ayer que las declaraciones juradas para funcionarios públicos no sólo sean obligatorias antes y después de abandonar el cargo, sino que se hagan anualmente durante su ejercicio.
De acuerdo con Vásquez, debe existir una fiscalización efectiva en este sentido, y obligar a los funcionarios a que periódicamente actualicen sus declaraciones patrimoniales en el nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo.
"Y que realmente esas declaraciones correspondan a la realidad", dijo Vásquez. "Porque a veces la percepción indica una cosa y la realidad otra".
Asimismo, indicó que es preciso que se elimine el requisito de la prueba sumaria para en los casos en que se denuncian actos de corrupción de parte de servidores públicos.
Según Vásquez, este requisito constituye una "gran desventaja" de los ciudadanos comunes ante los funcionarios.
"La prueba sumaria que se requiere para demostrar la existencia de un acto de corrupción va a ser difícilmente obtenida, y eso va a limitar la actuación del Organo Judicial y el Ministerio Público para comprobar que en efecto se ha dado un acto de corrupción", señaló Vásquez. "Esto tiene que enmendarse lo antes posible".
"Creo que ha habido actores dentro del país que -muy responsablemente- han presentado las pruebas correspondientes, y señalado los cargos específicos", agregó. |